Fernando Clavijo, en la exposición de este jueves (Foto: DGMP)El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, presentó este jueves las conclusiones del Diagnóstico de Innovación Social en Canarias, un análisis elaborado por el equipo de Innovación Social de Islas Responsables Lab (IRLab) sobre el uso de esta metodología en el archipiélago y sobre la situación de las entidades del Tercer Sector a partir de sus necesidades, dificultades y propuestas que ha contado con la participación de 88 entidades del archipiélago.
Clavijo señaló que una de las claves del diagnóstico ha sido identificar fortalezas y retos para incorporar la innovación social a las políticas públicas. Esta metodología plantea propuestas para abordar problemas sociales complejos, mejorar la atención a las personas usuarias y generar respuestas más adecuadas a sus necesidades.
Entre las conclusiones del diagnóstico, el presidente subrayó la “absoluta disposición de las entidades del Tercer Sector de Canarias a seguir profundizando en propuestas que le lleven a hacer mejor su trabajo, que no es otro que mejorar la vida de la ciudadanía, especialmente de los colectivos más vulnerables”. También se refirió al interés de estas entidades por trabajar con las administraciones en el diseño de políticas públicas en materia social, al considerar que “la sociedad ha cambiado y las necesidades han cambiado”.
El Diagnóstico de Innovación Social recoge, como reclamaciones de las entidades participantes, la necesidad de contar con financiación específica, formación y tiempo para diseñar propuestas de innovación social en sus respectivos ámbitos de actuación. El análisis plantea además que estas iniciativas no queden reducidas a proyectos piloto aislados, sino que puedan consolidarse dentro de las políticas públicas de cohesión.
Por su parte, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, hizo referencia a los avances de su departamento en modernización, simplificación administrativa y personalización de los servicios sociales hacia el Sistema Canario de Servicios Sociales.
El viceconsejero de Igualdad y Diversidad, Juan Doreste, detalló las acciones desarrolladas para el Sistema Canario de Servicios Sociales y destacó la inversión en proyectos de transformación digital y modernización de los servicios sociales con tecnologías como inteligencia artificial, robótica y analítica avanzada, destinadas a la creación del Espacio de Datos de Servicios Sociales (EDSS).
“El EDSS es el primer espacio de datos en el ámbito europeo especializado en el área social, que se convertirá en el gran repositorio de información social de todas las personas demandantes de servicios sociales”, afirmó Doreste. Según explicó, en él se integrarán servicios públicos y privados de las administraciones y de las entidades del Tercer Sector.
Doreste anunció también el Hub de Innovación Social, que se está desplegando como plataforma de colaboración, integración, participación y cocreación de productos, servicios, acciones y políticas sociales entre distintos agentes.
En nombre de las entidades del Tercer Sector intervino el vicepresidente de la Red Anagos, Eduardo Calderón, quien defendió el papel de la Economía Social y Solidaria como agente económico del archipiélago y reclamó su inclusión en el Consejo Económico y Social.
Calderón señaló que la Economía Social y Solidaria suma en las islas 3.500 entidades y empresas que dan empleo a 18.000 personas, la mayoría mujeres, con un 57 %. Además, indicó que el 23 % de estos empleados son personas jóvenes y el 13 % personas con discapacidad.
Red Anagos, junto con EAPN Canarias, agrupa a más de 100 entidades y 10.000 personas. Calderón señaló asimismo que el 70 % de los puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres, frente al 36 % de la economía convencional.
El diagnóstico elaborado por IRLab señala que el Tercer Sector de Canarias considera la innovación social como un factor relevante para adaptarse al entorno. Según los datos presentados, el 80 % de las entidades se muestra “muy de acuerdo” en que la innovación resulta determinante para responder a nuevas necesidades sociales, mientras que un 71,6 % considera “fundamental” su contribución para anticiparse a desafíos futuros.
El informe recoge también una alta concentración territorial de las entidades sociales en Tenerife, con un 46,6 %, y Gran Canaria, con un 34 %. Su actuación se centra principalmente en personas en situación de exclusión social, pobreza y discapacidad.
Desde la perspectiva de la gestión interna, el 67,4 % de las organizaciones afirma que la innovación contribuye a mejorar la eficiencia organizativa, mientras que el 63,6 % señala que estas prácticas favorecen el cumplimiento de los objetivos.
Entre las dificultades identificadas para poner en marcha procesos de innovación figuran los recursos económicos y materiales, los bajos presupuestos, la falta de líneas de financiación específicas y la dependencia de subvenciones.
El informe apunta además que la corta duración de los proyectos dificulta la evaluación a largo plazo de los cambios que se pretenden conseguir con la innovación social y genera inestabilidad presupuestaria y organizativa a medio y largo plazo.
En cuanto a la situación laboral del personal de estas organizaciones, las entidades señalan que su tarea se centra con frecuencia en resolver problemas urgentes. Según el diagnóstico, esta situación genera saturación de trabajo y limita el tiempo disponible para repensar estrategias, formarse en innovación o presentar nuevas líneas de actuación.
A pesar de estas dificultades, el informe recoge una disposición amplia a participar en procesos de innovación social. El 97,7 % de las entidades se muestra dispuesto a participar en procesos colaborativos; un 71 % manifiesta interés prioritario en formarse en metodologías de innovación; un 65,5 % está dispuesto a compartir buenas prácticas; un 63 % apuesta por colaborar en redes o alianzas; y un 60 % expresa su voluntad de participar en proyectos piloto.
Entre las conclusiones del diagnóstico, el Tercer Sector considera prioritaria su participación real en las políticas públicas. También plantea la necesidad de contar con una financiación más estable y flexible, simplificación administrativa, formación e intercambio de conocimiento, fortalecimiento del trabajo en red, evaluación del impacto social, transformación digital accesible e inclusiva y adaptación territorial con enfoque insular.





























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