La Justicia libra a Telde de pagar 2,48 millones de euros a Repsol

El Ayuntamiento de Telde ha logrado una importante victoria judicial al evitar el pago de 2.483.833 euros que reclamaba Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. por el cierre de la estación de servicio de Las Remudas, clausurada de forma efectiva en marzo de 2015 tras la ejecución del precinto ordenado por el Consistorio. La sentencia, dictada el 29 de junio de 2026 por la magistrada-juez Esperanza Ramírez Eugenio, titular del Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo) nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, desestima íntegramente el recurso interpuesto por la compañía petrolera y le impone, además, el pago de las costas procesales, con un límite de 3.500 euros.

 

 

La mercantil solicitaba que se declararan nulos los decretos municipales que rechazaron su reclamación de responsabilidad patrimonial y que el Ayuntamiento fuera condenado a indemnizarla con 2,48 millones de euros, más los intereses y la actualización correspondiente, por los perjuicios que, según sostenía, le ocasionó el cierre de la gasolinera y de sus instalaciones complementarias tras la anulación judicial de las licencias urbanísticas y de actividad.

 

 

Sin embargo, la magistrada concluye que la reclamación fue presentada fuera del plazo legal de un año previsto para este tipo de acciones. La resolución considera que el acto que originó el eventual daño fue el decreto municipal de 4 de julio de 2014, que ordenó el cese de la actividad y la demolición de las instalaciones, y no el posterior precinto ejecutado en marzo de 2015. En consecuencia, entiende que cuando Repsol formuló la reclamación de responsabilidad patrimonial, el derecho ya había prescrito, por lo que confirma la legalidad de la actuación municipal y desestima íntegramente la demanda.

 

 

La sentencia pone fin, en primera instancia, a un procedimiento ordinario iniciado en 2024 en el que Repsol pretendía que el Ayuntamiento asumiera el coste económico derivado del cierre de una estación de servicio cuya licencia de obras y de actividad había sido anulada años antes por los tribunales al apreciarse defectos en su tramitación administrativa. Tras aquella anulación, el Ayuntamiento ordenó el cese de la actividad, y, ante el incumplimiento de esa orden, procedió posteriormente al precinto de las instalaciones.

 

 

El alcalde de Telde ha destacado que "esta sentencia supone una excelente noticia para la ciudad porque evita que el Ayuntamiento tenga que afrontar una indemnización millonaria con dinero de todos los vecinos. Son 2,48 millones de euros que permanecen en las arcas municipales y que podrán seguir destinándose a mejorar los servicios públicos, mantener las inversiones previstas y atender las necesidades de la ciudadanía".

 

 

El primer edil añadió que "la resolución refuerza la seguridad jurídica de la actuación municipal y acredita que el Ayuntamiento actua conforme al ordenamiento jurídico. Nuestra obligación es defender siempre el interés general y proteger los recursos públicos, y este fallo confirma que esa defensa se ha realizado con rigor y responsabilidad".

 

 

El Gobierno municipal quiere expresar un especial agradecimiento a la Concejalía de Asesoría Jurídica y a los Servicios Jurídicos municipales por el trabajo desarrollado durante todo el procedimiento. Su labor técnica y procesal ha permitido defender con solvencia los intereses del Ayuntamiento en un litigio de elevada complejidad jurídica y de gran impacto económico para las cuentas públicas.

 

 

Con esta resolución, el Ayuntamiento no solo evita el desembolso de una indemnización cercana a los 2,5 millones de euros, sino que garantiza que esos recursos continúen al servicio de la ciudadanía, destinándose a la financiación de servicios esenciales, inversiones e iniciativas de interés general para el municipio. La sentencia es recurrible en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.