Costas abre expediente sancionador por las obras en la playa de Veneguera

La Demarcación de Costas de Canarias ha abierto un expediente sancionador a Costa Canaria de Veneguera S.A. por la realización de obras y movimientos de tierra con maquinaria pesada en la playa de Veneguera, en el término municipal de Mogán, según ha informado Turcón-Ecologistas en Acción.

El colectivo señala que recibió una comunicación oficial relativa a la denuncia presentada por actuaciones entre los hitos M3 y M14, dentro del dominio público marítimo-terrestre, en la que se informa de la incoación del expediente sancionador con fecha 5 de junio de 2026.

Turcón había solicitado la intervención de la Demarcación de Costas ante los movimientos de tierra detectados en la playa y el barranco de Veneguera. Según el colectivo, estas actuaciones se habrían producido dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del dominio público marítimo-terrestre.

La organización ecologista considera que la empresa se ha excedido en las actuaciones realizadas para corregir los perfiles de la playa y el barranco tras los efectos de la borrasca. Turcón sostiene que los trabajos fueron improvisados y se ejecutaron sin los permisos habilitantes correspondientes. El colectivo afirma que imágenes y testimonios ciudadanos muestran maquinaria pesada retirando parte del talud natural de la playa, así como el traslado de cantos rodados y áridos hacia la zona del antiguo aparcamiento.

Turcón cuestiona también el alcance del proyecto de “renaturalización” de Lopesan en Veneguera y pide aclarar qué actuaciones contempla, con qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están realizando los movimientos de áridos y cantos rodados, y qué autorizaciones los amparan.

La asociación recuerda además otras actuaciones que atribuye a Lopesan en el barranco de Veneguera, entre ellas la afección a zonas de tarajales, tabaibal-cardonal, cauces, accesos y caminos. También menciona la destrucción de un yacimiento arqueológico en 2023, hechos que, según el colectivo, continúan bajo investigación judicial.

Turcón expresa su preocupación por que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia progresiva de control territorial y limitación del acceso ciudadano a Veneguera, un espacio que el colectivo considera de alto valor natural, cultural y social.