Un maltratador en el armario

Hay silencios que hablan más alto que cualquier discurso. Silencios que no son fruto del desconocimiento, sino de la conveniencia. Silencios que se construyen para proteger reputaciones, preservar equilibrios internos o evitar costes sociales o políticos. Y cuando ese silencio rodea a una persona señalada por conductas de maltrato, la pregunta deja de ser qué hizo esa persona para convertirse en qué hicieron quienes lo sabían.

Nadie está exento de cometer errores. A lo largo de mi vida, tanto en el ámbito personal como en mi faceta pública, he cometido muchos. Algunos nacieron de la ignorancia, otros del desconocimiento y, en ocasiones, de la confianza depositada en personas de las que esperaba una conducta ética y responsable. Reconocerlo no supone una debilidad, sino un ejercicio de honestidad imprescindible para cualquier persona que aspire a actuar con integridad.

La exposición pública suele amplificar los aciertos, pero también los errores. Sin embargo, lo que realmente define a una persona no es la ausencia de fallos, sino la capacidad de asumir responsabilidades, aprender de las experiencias y mantener una línea de principios que guíe sus acciones. Desde esa convicción he intentado construir mi trayectoria como activista.

Las organizaciones públicas, especialmente las ONG y los partidos políticos, suelen presentarse como referentes éticos. Exigen responsabilidades a sus adversarios, redactan códigos de conducta y proclaman compromisos con la igualdad y la protección de las víctimas. Sin embargo, la verdadera medida de esos principios no está en los discursos, sino en las decisiones que se toman cuando el problema aparece dentro de casa.

Resulta incómodo reconocer que las siglas pueden convertirse en refugio. Que la pertenencia a una organización, la cercanía a determinados dirigentes o la utilidad política de una persona pueden acabar pesando más que la exigencia de responsabilidades. Entonces se activa un mecanismo conocido: minimizar los hechos, desacreditar las denuncias, mirar hacia otro lado o esperar a que pase la tormenta.

Lo preocupante no es únicamente la conducta de quien actúa de forma reprobable. Lo verdaderamente grave es la red de indiferencia que permite que nada cambie. Porque la impunidad rara vez es una obra individual. Necesita cómplices activos o espectadores silenciosos. Necesita personas que decidan que el escándalo es peor que el problema.

Cuando una organización protege su imagen por encima de la verdad, deja de representar los valores que proclama. Y cuando nadie responde por ello, el mensaje que se transmite es devastador: hay comportamientos que pueden ser tolerados si quien los protagoniza ocupa el lugar adecuado. La cuestión no es solo quién estaba en el armario. La cuestión es quién sostuvo la puerta cerrada.

Las organizaciones tienen derecho a designar a quienes consideren oportunos para desempeñar responsabilidades. Pero también tienen la obligación de asumir las consecuencias de esas decisiones. Cuando se trata de personas que han sido condenadas por violencia contra las mujeres, la exigencia de ejemplaridad debería ser especialmente alta, no solo haciéndole dimitir de su responsabilidad, faltaría más. Esa ejemplaridad comienza por la dimisión de quien lo nombró y de quienes teniendo responsabilidades en igualdad han callado, o simplemente miran para otro lado.

Gregorio Viera Vega fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Telde.