Del puerto de la vergüenza al puerto de la esperanza

La visita del papa ha vuelto a abrir un debate que va mucho más allá de lo religioso. Y probablemente sea bueno que así sea, porque cuando una figura con su proyección internacional pone el foco sobre cuestiones como la inmigración, la desigualdad o la exclusión social, nos obliga a mirarnos también a nosotros mismos como sociedad.

Hay una parte de su mensaje que, más allá de que cada persona comparta o no la fe católica, merece ser escuchada. Hablar de quienes llegan a nuestras costas buscando una oportunidad, recordar que detrás de cada travesía hay una historia de necesidad y reivindicar la obligación moral de tender la mano a quien lo está pasando peor no debería ser patrimonio exclusivo de ninguna religión ni de ninguna ideología. Es, sencillamente, una cuestión de humanidad.

En Canarias conocemos bien esa realidad. La vivimos cada día, pero también forma parte de nuestra propia memoria colectiva. Durante décadas, miles de familias canarias tuvieron que hacer exactamente lo mismo que hoy hacen tantas personas migrantes: dejar atrás su tierra, a los suyos y una vida entera para buscar un futuro mejor. América fue para muchas generaciones de isleños e isleñas la promesa de una esperanza que aquí no encontraban. También ocurrió en otros muchos lugares de España. Por eso, cuando escuchamos determinados discursos que presentan a las personas migrantes como un problema o una amenaza, conviene recordar de dónde venimos y quiénes fuimos no hace tanto tiempo. Nadie se juega la vida en una patera por gusto. Nadie abandona su casa, a su familia y sus raíces porque sí. Lo hace porque las circunstancias le empujan.

Y ahí es donde el mensaje del Papa conecta con un principio que trasciende cualquier credo: la obligación ética de no mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. No se trata de ignorar las dificultades que plantea la gestión de los flujos migratorios ni de negar los retos que afrontan territorios fronterizos como el nuestro. Se trata de no perder de vista que hablamos de personas. En un momento en el que algunos liderazgos políticos levantan muros y convierten el miedo al diferente en una estrategia, resulta reconfortante que una voz de alcance como la de León XIV recuerde que la dignidad humana no entiende de pasaportes ni de lugar de nacimiento.

Sin embargo, una cosa es compartir ese mensaje de solidaridad y otra distinta aceptar sin matices que las convicciones religiosas deban trasladarse al ámbito político. La Iglesia católica tiene todo el derecho a defender su posición sobre cuestiones como el aborto o la eutanasia. Forma parte de su doctrina y de una determinada concepción de la vida vinculada a la idea del alma y de la trascendencia. Es lógico que exista esa mirada y es legítimo que la exprese.

Pero también es razonable entender que un Estado democrático y aconfesional no puede fundamentar sus leyes en creencias que no son compartidas por toda la ciudadanía. Derechos como la interrupción voluntaria del embarazo o la eutanasia han sido debatidos y aprobados desde una perspectiva civil, buscando ofrecer respuestas a situaciones personales complejas y respetando la libertad de conciencia de cada cual. De la misma manera que desde la política se debería evitar utilizar la religión como arma arrojadiza, las instituciones religiosas también deberían ser prudentes a la hora de trasladar al terreno institucional debates sobre derechos ya consolidados.

Quizá ese sea el verdadero reto: no confundir los planos. La fe y la política pueden dialogar, pero no deberían invadirse mutuamente. Una se mueve en el ámbito de las convicciones personales y espirituales; la otra, en el de las normas compartidas que organizan la convivencia de una sociedad plural. Este conflicto no es nuevo, somos muchas las personas que ya vivimos manifestaciones organizadas por representantes de la Iglesia contra el “matrimonio gay” en su día y cuántos católicos no habrán hecho uso de este derecho consolidado hoy en día. 

Tal vez la cuestión no sea si el Papa debía o no intervenir en un Parlamento, sino cómo preservar ese equilibrio para que ninguna de las dos esferas termine imponiéndose sobre la otra.

Con todo, prefiero quedarme con la parte más optimista de su mensaje. Con la llamada a no olvidar a quienes buscan una oportunidad para vivir con dignidad. Con la invitación a no mirar desde un pedestal a quienes han tenido menos suerte, sino a empatizar y, al menos, no poner más obstáculos en un camino que ya es suficientemente duro.

Y ojalá esta visita sirva también para resignificar algunos de los espacios que se han convertido en símbolo de nuestras contradicciones. El puerto de Arguineguín fue durante demasiado tiempo el llamado “puerto de la vergüenza”, reflejo del sufrimiento de quienes llegaban exhaustos tras una travesía desesperada y de las dificultades para ofrecerles una acogida digna. Sería hermoso que empezáramos a verlo de otra manera y me sumo a algo que escuché “como el puerto de la esperanza”. La primera puerta que se abre para personas que no vienen a quitarnos nada, sino a buscar aquello que cualquier familia desearía para la suya: seguridad, oportunidades y un futuro mejor.

Porque, al final, más allá de las creencias religiosas y de los debates ideológicos, las sociedades se definen por la forma en que tratan a las personas más vulnerables. Y una tierra como Canarias, que sabe bien lo que significa despedir a quienes se marchan y recibir a quienes llegan con la esperanza a cuestas, no debería olvidar nunca que un día también fuimos nosotros quienes llamamos a otras puertas…

Juan Marcos Pérez Ramírez es ingeniero técnico de Telecomunicaciones.