Turcón-Ecologistas en Acción ha presentado recurso de casación contra el Decreto 114/2021 del Gobierno de Canarias, que autorizó la ejecución del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Bombeo Chira-Soria, promovido por Red Eléctrica de España. El colectivo acude al Tribunal Supremo después de la sentencia desestimatoria dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 10 de abril de 2026.
El decreto acordó la ejecución del proyecto denominado “Central hidroeléctrica de bombeo Chira-Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II” y suspendió el planeamiento urbanístico y territorial vigente para dar encaje a la infraestructura. Turcón cuestiona el procedimiento seguido y sostiene que se han utilizado mecanismos excepcionales para permitir la construcción de la obra.
El colectivo ecologista afirma que la central afecta directamente a tres espacios de la Red Natura 2000 e indirectamente a otros dos, además del Barranco de Arguineguín. Según Turcón-EeA, el proyecto puede tener efectos sobre la biodiversidad y sobre la protección del territorio en las zonas afectadas.
Tras analizar la sentencia del TSJ de Canarias, la organización ha presentado dos vías de casación: una estatal, que corresponde al Tribunal Supremo, y otra autonómica, que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Turcón sostiene que ambas separan las cuestiones de Derecho estatal y europeo de las relativas al Derecho autonómico canario.
En el recurso estatal, el colectivo plantea posibles infracciones del Derecho ambiental europeo y estatal, con especial referencia a la Directiva Hábitats, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de no regresión ambiental. Turcón considera que el caso tiene relevancia más allá del proyecto concreto de Gran Canaria, al abordar la compatibilidad entre los regímenes excepcionales de implantación de infraestructuras energéticas y las obligaciones de conservación de los espacios integrados en la Red Natura 2000.
En cuanto al recurso autonómico, la organización cuestiona la aplicación del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias y los límites de las facultades atribuidas a la administración autonómica. El colectivo sostiene que el litigio aborda uno de los principales debates jurídicos de la transición energética: cómo desarrollar infraestructuras energéticas sin rebajar las obligaciones de protección ambiental derivadas del Derecho europeo y de la normativa de conservación de la biodiversidad.
Turcón-EeA insiste en que defiende la transición energética, pero rechaza el modelo aplicado en este proyecto. La organización apuesta por un sistema energético que considera sostenible, público, justo y descentralizado, y que, según su planteamiento, no afecte a espacios naturales protegidos ni a suelo rústico de protección agrícola.
El comunicado no incluye la versión del Gobierno de Canarias ni de Red Eléctrica de España sobre los recursos de casación presentados por Turcón.
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