Canarias y Euskadi alertan de "lagunas" en el Pacto Europeo de Migración

Los gobiernos de Canarias y Euskadi han denunciado que, a una semana de que entre en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo, existen “más incertidumbres y dudas que certezas sobre su aplicación, su impacto y, sobre todo, las garantías que tiene para las personas que migran".

Para el jefe del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, la aplicación de este acuerdo puede suponer pasos atrás en los principios de la Unión Europea y sus efectos especialmente negativos para Canarias, la puerta de entrada a Europa de la migración africana. Así, mostró su preocupación por los mecanismos de solidaridad contemplados en el pacto que permiten que países “ricos puedan pagar” por eludir su responsabilidad de acoger migrantes, lo que daría lugar a una “Europa pobre o fronteriza donde los derechos humanos, la dignidad, la atención o los derechos de la infancia pasen a un segundo plano”. Nos convertiríamos, dijo, “en centros de retención”.

Clavijo inauguró este viernes en Madrid la jornada Pacto Europeo de Migración y Asilo; Retos e incertidumbre ante su inminente implementación, un encuentro organizado por el Gobierno de Canarias y el Gobierno vasco. En el encuentro han participado alrededor de 50 ONG y entidades que atienden a migrantes en toda España para analizar el impacto que tendrá este texto, que entra en vigor el próximo día 12 de junio.

Esta fecha coincide con la visita histórica del papa León XIV a las islas para poner, precisamente, el foco en la Ruta Atlántica, por lo que el jefe del Ejecutivo espera que contribuya a difundir el mensaje de respeto a los derechos humanos y de solidaridad con las personas que migran en busca de un futuro mejor. Actualmente, Canarias tutela en sus centros a casi 3.000 niños y niñas. Además, en los últimos cinco años han entrado en Europa, vía las islas, un total de 165.000 personas.

El presidente Clavijo reiteró que la aplicación del Pacto de Migración y Asilo de la UE puede generar más presión en las regiones fronterizas y criticó que Bruselas no haya contado con Canarias para la elaboración de este texto, como tampoco lo ha hecho el Gobierno de España en el diseño de los planes nacionales para la aplicación del mismo.

El acto, organizado por Islas Responsables Lab (IRLab) del Gobierno de Canarias, con la colaboración del departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, se ha celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y ha contado con expertos que han puesto de manifiesto que el Pacto europeo contiene imprecisiones y lagunas que pueden dificultar su aplicación. El pasado mes de abril ya se celebró un encuentro similar en Casa África con organizaciones de las islas y ahora se ha decidido replicar en Madrid ante el interés de las entidades por la escasa información que tienen sobre el impacto que supondrá la entrada en vigor del documento.

Clavijo hizo hincapié en este aspecto indicando que el Pacto llega con “demasiadas  incógnitas”, especialmente en Canarias, puesto que asuntos como el Reglamento de Triaje permite que los migrantes permanezcan en las islas hasta seis meses, cuando en la actualidad el plazo suele rondar un mes. Esta circunstancia dificulta la gestión de la migración en un territorio ultraperiférico y fragmentado como el archipiélago, que ya sufre una alta presión migratoria y que puede ver saturados sus recursos, así como registrar una mayor presión sobre los empleados públicos y las ONG.

El presidente canario también aprovechó su intervención para agradecer al Gobierno vasco,  las ONG y entidades del tercer sector su apoyo. En especial, que se hayan sumado a la lucha en Bruselas para reclamar que el Pacto de Migración y Asilo de la UE incluya un acuerdo europeo para que los menores migrantes no acompañados se puedan distribuir de forma segura, no sólo entre las comunidades españolas sino también entre los Estados miembros. Al respecto, criticó que se continúe “sin distinguir realidades jurídicas para atender con la mayor dignidad a estos niños y niñas y diferenciarlos de los adultos”.

Cambios en el tablero de juego

Por su parte, la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, subrayó que el Pacto Europeo de Migración y Asilo “va a modificar el tablero de juego” y ante este escenario “no basta con conocer el enunciado general de las nuevas normas. Tenemos que saber cuáles van a ser las reglas concretas. Quién va a asumir qué responsabilidades, con qué recursos, con qué plazos, con qué procedimientos, con qué garantías y cuál va a ser la participación de las comunidades autónomas”.

Afirmó que Euskadi “no pide privilegios, sino claridad” sobre cómo se va a aplicar el Pacto europeo en el Estado, el papel de las comunidades autónomas, los recursos que se van a habilitar, sobre la asistencia jurídica, la protección de las personas vulnerables -especialmente niños, niñas y adolescentes-, así como los tiempos de estancia, las derivaciones, la coordinación transfronteriza y la financiación.

Y, sobre todo, y tal como también expresó el presidente canario, la consejera vasca pide  participar en las decisiones que afectan directamente a sus servicios públicos y convivencia. Por eso, insistió, la política migratoria “no puede diseñarse desde una lógica centralizada alejada de la realidad territorial”, porque las decisiones que se toman en Europa y en Madrid tienen consecuencias muy concretas en Canarias y en Euskadi.

Canarias, dijo Nerea Melgosa, representa la frontera sur y Euskadi la frontera norte, porque los itinerarios migratorios no terminan en el primer punto de llegada. Y esa población migrante que se desplaza genera necesidades en los distintos territorios y “exige respuestas coordinadas, coherentes y sostenibles”.

Euskadi ya está sosteniendo una parte importante de la respuesta y “no puede depender de la incertidumbre”. Por eso, expresó su preocupación por que, a las puertas de la aplicación del Pacto, “sigamos trabajando sobre hipótesis” sin conocer con precisión cómo se van a adaptar las normas estatales. La solidaridad, dijo la representante del Gobierno vasco, “no puede ser solo una palabra bonita. La solidaridad debe tener agenda, presupuesto, gobernanza y corresponsabilidad”.

Euskadi, apuntó, cuenta con el Modelo Vasco de Acogida basado en la escala adecuada, la planificación, la coordinación interinstitucional, la participación del tercer sector, la cercanía comunitaria, la convivencia y el acompañamiento integral. “Nuestro modelo”, apostilló, “no es la improvisación. No es el baile de cifras. No es enterarnos por los medios de comunicación de decisiones que afectan a nuestras instituciones, a nuestros barrios y a nuestros servicios públicos”. El modelo vasco, concluyó, es “acogida sí, improvisación no. Solidaridad sí, unilateralidad no. Coordinación sí, incertidumbre no”.

Y a una semana de la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, dijo, “volvemos a pedir información, participación y claridad. Lo hacemos desde la responsabilidad, desde la experiencia, desde la lealtad institucional y desde la firmeza”. Porque las personas que llegan, que solicitan protección, las entidades que acompañan, las instituciones que gestionan y la ciudadanía que convive “merecen certezas. No merecen improvisación ni silencios”. Recordó además que “la acogida no se mide solo en plazas, sino en derechos”.

Jornada

La jornada Pacto Europeo de Migración y Asilo: Retos e incertidumbre ante su inminente implementación se estructuró en dos paneles en los que se analizó el marco normativo y su aplicación real en el actual contexto migratorio en España, así como los derechos humanos en el nuevo acuerdo.

El foro contó con la presencia del comisario de Extranjería y Fronteras de Canarias de la Policía Nacional, José Antonio Ayuso; el director de CEAR, Mauricio Valiente; el director de ACCEM, Enrique Barbero; el coordinador del departamento de incidencia política y alianzas de CEPAIM, Rubén Romero Masegosa; la directora de influencia y desarrollo territorial de Save the Children, Catalina Perazzo; y la investigadora principal del Real Instituto Elcano Carmen González Enríquez.

El Gobierno de España declinó la invitación para estar presente en esta sesión de trabajo organizada por los ejecutivos de Canarias y Euskadi en Madrid. Clavijo lamentó que las comunidades autónomas no hayan sido consultadas. “Seguimos sin herramientas o instrucciones sobre cómo vamos a afrontar esta situación” a partir del 12 de junio. Esta ausencia, dijo Fernando Clavijo, “no ayuda”.

El comisario Ayuso centró su intervención en aspectos técnicos, especialmente en el triaje para relacionar el actual procedimiento -sobre todo relacionado con la llegada de embarcaciones precarias a las costas canarias- con la propuesta que recoge el Pacto Europeo. Así, detalló los plazos y lugares en los que se llevará a cabo el triaje, las modalidades y las fases del mismo.

Desde el Instituto Elcano, Carmen González habló de la transformación del clima político europeo en torno a la inmigración desde la aprobación del Pacto en 2024, así como del endurecimiento de las políticas migratorias en los estados y en la Unión Europea y las mayores presiones hacia la externalización de la gestión de los peticionarios de asilo.

Por su parte, Masegosa centró su intervención en las políticas de retorno al abrigo del pacto; las alternativas a la detención migratoria y la singularidad españolas y oportunidades en la implementación del acuerdo de los 27.

Mauricio Valiente, de Cear, se centró en el acceso al procedimiento de asilo, los procedimientos fronterizos y los estatutos de protección. Hizo un análisis comparativo de la legislación y ofreció algunas consideraciones de las oportunidades que puede ofrecer el Pacto.

Catalina Perazzo, de Save the Children, enfocó su disertación en las necesidades de protección de la infancia migrante; el enfoque de infancia en el Pacto Europeo de Migración y Asilo y las oportunidades y riesgos de su implementación en España y Europa.

El director de ACCEM, Enrique Barbero hizo hincapié las características de la acogida en España y destacó que resulta más beneficioso para los solicitantes y beneficiarios de protección internacional que en otros modelos de la Unión Europea. Ahora, debe adaptarse al contenido de la nueva directiva de acogida que contempla el pacto.