Turcón denuncia ante Fiscalía el uso de maquinaria pesada en Veneguera

Turcón Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiiscalía y la Demarcación de Costas el uso de maquinaria pesada y movimientos de tierra que presuntamente se estarían realizando en la playa y el barranco de Veneguera.

La entidad ecologista pide la intervención de estos organismos y pone en su conocimiento que estas obras se han producido dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de la Demarcación de Costas de Canarias.

Entiende Turcón que la empresa se ha excedido en su actuación de cara a corregir los perfiles de playa y barranco; esto nos produce más preocupación, toda vez que interpretamos unas actuaciones improvisadas, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca (fenómeno natural) en una zona natural y poco antropizada.

"Las imágenes y testimonios recogidos por numerosos ciudadanos muestran como maquinaria pesada eliminaba el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento, donde ese material fue acumulado para la sepultación del mismo", apunta el colectivo en una nota de prensa.

Turcón sostiene que, ante esta situación, la ciudadanía se pregunta en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de renaturalización de Lopesan en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y cantos rodados dentro de un espacio protegido perteneciente al Parque Rural del Nublo.

Los ecologistas exigen conocer qué administraciones han autorizado estas actuaciones, si existen informes ambientales públicos que las avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno, especialmente ante el temor creciente de que este tipo de actuaciones puedan terminar derivando, de manera progresiva, en una limitación del acceso libre y público a uno de los últimos espacios semivírgenes que quedan en Gran Canaria.

"La preocupación social aumenta especialmente por los antecedentes ambientales de Lopesan en el propio barranco de Veneguera", señala Turcón.

Para los ecologistas, "resulta una contradicción absoluta que se intente presentar como renaturalización un proyecto promovido por una empresa señalada desde hace años por actuaciones altamente agresivas sobre el propio barranco de Veneguera". Y expone que "Lopesan ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales -también para la plantación de nuevos cultivos-, han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico de enorme valor patrimonial en 2023, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos, entre muchas otras cosas".

"Por ello, muchas personas sentimos que no estamos ante un verdadero proyecto ecológico, sino ante un nuevo episodio de intervención progresiva sobre un espacio emblemático de los que quedan en nuestra isla", precisa el colectivo en el comunicado.

"Nos preocupa profundamente que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano a un espacio natural que pertenece emocional, cultural y socialmente al conjunto del pueblo canario", manifiesta Turcón.

Y afirma que "si realmente existe una voluntad de renaturalizar, la ciudadanía se pregunta si Lopesan piensa también aplicar ese mismo criterio sobre las extensas zonas del litoral del sur de Gran Canaria destruidas durante décadas por el modelo turístico y urbanístico que precisamente enriqueció a su grupo empresarial".

Asimismo, como medida cautelar para contener los efectos de esta intervención, Turcón solicita el precinto de las obras que se están ejecutando, "requiriendo a los investigados a que se abstengan de continuar con las obras iniciadas bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad", concluye el colectivo.