Carmen Hernández critica las instrucciones de Educación sobre la organización de los centros públicos canarios

La diputada teldense de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) en el Parlamento de Canarias, Carmen Hernández, criticó este lunes las instrucciones de organización y funcionamiento de los centros educativos públicos para el curso 2026-2027 al considerar que refuerzan el control sobre los centros tras un año de aplicación de medidas similares.

La portavoz parlamentaria en materia educativa señaló que la resolución 73/2026 de la Consejería de Educación introduce mecanismos de supervisión que "resultan innecesarios" sobre actividades que ya son aprobadas por los consejos escolares, órganos de representación de la comunidad educativa. Advirtió de que este proceder del departamento dirigido por Poli Suárez "puede afectar a la autonomía de los centros, la libertad de expresión y la libertad de cátedra".

La parlamentaria novacanarista afirmó que la Consejería ha optado por reforzar el control sobre la actividad de los centros educativos, "lo que genera un clima de vigilancia sobre los equipos directivos y limita la autonomía de la comunidad educativa". Hernández recordó que los consejos escolares aprueban cada curso el proyecto educativo y las actividades complementarias y extraescolares que se desarrollan en los centros, siempre dentro del marco constitucional y del Estado social y democrático de derecho.

“Es una medida innecesaria porque esos mecanismos de control ya existen”, señaló y añadió que los consejos escolares aprueban las charlas, conferencias y actividades que se desarrollan en los centros “respetando los valores constitucionales”. Para la diputada, Educación extiende un modelo de supervisión "que, en la práctica, podría traducirse en vetos a actividades vinculadas con la memoria histórica, la igualdad, los derechos humanos o la diversidad".

Además, cuestionó que se traslade esta responsabilidad a los equipos directivos. Hernández sostuvo que los directores y directoras “van a sentirse vigilados” por una Consejería dirigida por un cargo del Partido Popular. “Difícilmente se puede hablar de neutralidad cuando quien pretende ejercer ese control tiene una posición política evidente”, señaló.

La exalcaldesa de Telde también criticó las limitaciones impuestas a los responsables de los centros en su relación con los medios de comunicación. “No se entiende que los directores no puedan informar libremente sobre la realidad de sus centros sin autorización previa de la Consejería”, añadió. Considera que estas instrucciones consolidan una evolución de Coalición Canaria y el Partido Popular hacia posiciones que la formación califica de "extrema derecha". "En lugar de reforzar la educación en ciudadanía, los valores democráticos y la convivencia, el departamento de Poli Suárez fomenta la censura y debilita el espíritu crítico que debe caracterizar a la escuela pública”.

La portavoz del grupo nacionalista progresista sostuvo que las nuevas instrucciones suponen "una amenaza para la libertad de expresión, la libertad de cátedra y el pluralismo ideológico". Carmen Hernández reclamó la retirada de las medidas que "limiten la autonomía de los centros y la participación de la comunidad educativa".