Más de 821.000 euros que no saldrán de las arcas municipales. El Ayuntamiento de Telde ha sumado una nueva victoria judicial al lograr que los tribunales desestimen íntegramente una reclamación urbanística millonaria presentada por el propietario de una parcela afectada por el planeamiento municipal. La resolución, ya firme, evita un importante impacto económico para el Consistorio y consolida la reciente cadena de fallos favorables obtenidos por la institución en litigios de elevado coste económico.
La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria y declarada firme el pasado 15 de mayo, rechaza el recurso interpuesto por el propietario de una parcela de 416 metros cuadrados, clasificada como espacio libre en el Plan General de Ordenación de Telde.
El demandante reclamaba al Ayuntamiento una compensación económica cifrada en 821.717,95 euros, al entender que la Administración local no había actuado respecto a la adquisición del suelo afectado por la ordenación urbanística vigente.
La Justicia aprecia una desviación procesal
Sin embargo, el órgano judicial concluye que la reclamación no puede prosperar al apreciar una desviación procesal entre lo solicitado inicialmente ante la Administración y lo planteado posteriormente durante el procedimiento judicial.
Según recoge el fallo, el recurrente modificó de forma sustancial el objeto de sus pretensiones a lo largo del litigio, llegando incluso a incorporar peticiones dirigidas a órganos distintos del propio Ayuntamiento, circunstancia que llevó al juzgado a acordar la desestimación íntegra del recurso e imponer además las costas procesales a la parte demandante.
La resolución supone un importante alivio económico para el Ayuntamiento al evitar el desembolso de una cantidad superior a los 821.000 euros, recursos que el Consistorio podrá seguir destinando a inversiones, servicios públicos y actuaciones de mejora en el municipio.
La Asesoría Jurídica, clave en la defensa municipal
Este procedimiento ha sido defendido por la Asesoría Jurídica municipal, dirigida por el concejal Juan Francisco Jiménez, cuya intervención ha resultado determinante para sostener la posición jurídica del Ayuntamiento durante todo el proceso.
Desde el gobierno local se destaca el trabajo técnico y jurídico desarrollado para afrontar litigios complejos que, en muchos casos, comprometen importantes cantidades económicas con incidencia directa sobre la estabilidad financiera municipal.
Peña: “Es dinero que seguirá destinándose a los vecinos”
El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, valoró de forma muy positiva esta nueva sentencia favorable y defendió la gestión jurídica que está llevando a cabo el Ayuntamiento.
“Esta nueva sentencia confirma que el Ayuntamiento está actuando con rigor, responsabilidad y solvencia jurídica en la defensa del interés general. Estamos hablando de más de 821.000 euros que no tendrán que salir del bolsillo de los ciudadanos y que podrán seguir destinándose a servicios públicos, mantenimiento de la ciudad, inversiones e iniciativas que mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, señaló el regidor.
Peña añadió además que “cada procedimiento ganado supone proteger recursos públicos que pertenecen a todos los teldenses. Nuestra obligación es defenderlos con firmeza y garantizar que el dinero municipal se invierta donde realmente hace falta: en mejorar los barrios, reforzar los servicios y seguir avanzando en la transformación de Telde”.
El alcalde también quiso agradecer expresamente el trabajo de la Asesoría Jurídica municipal, de los técnicos y del personal implicado en la defensa de expedientes que afectan directamente a la economía del municipio.
Más de 12,6 millones evitados en semanas
Esta nueva resolución se suma a otros recientes fallos favorables obtenidos por el Ayuntamiento de Telde, especialmente en litigios vinculados al servicio municipal de limpieza y a la antigua concesión de los aparcamientos subterráneos de San Gregorio.
En apenas unas semanas, el Consistorio asegura haber evitado el pago de más de 12,6 millones de euros en reclamaciones judiciales, reforzando así la protección del interés público y la estabilidad financiera municipal.
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