
El Parlamento de Canarias ha respaldado por mayoría una Proposición No de Ley (PNL) encaminada a reclamar al Ministerio de Sanidad y al Gobierno de España la reclasificación profesional y retributiva del personal sanitario de Formación Profesional y del personal de gestión y servicios de la sanidad pública, además de impulsar cambios en el sistema de carrera profesional. Así lo han valorado de forma positiva los colectivos Asamblea7Islas y las TCAE, que consideran este apoyo institucional un paso importante hacia una reivindicación histórica del sector.
La iniciativa parlamentaria fue presentada por la diputada Vidina Espino, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y plantea que la futura reforma del Estatuto Marco contemple una actualización justa de las categorías profesionales del personal sanitario de Formación Profesional, así como del personal de gestión y servicios, adecuándolas a las funciones y responsabilidades que realmente desempeñan en hospitales y centros de salud.
Desde Asamblea7Islas y el colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) se subraya que miles de trabajadores del Servicio Canario de la Salud llevan años desarrollando tareas que exceden las funciones inicialmente atribuidas a sus categorías, sin que ello haya tenido un reflejo proporcional ni en el reconocimiento profesional ni en el ámbito retributivo. La aprobación de esta PNL, sostienen, supone un importante respaldo institucional a esa demanda histórica.
La propuesta aprobada también pone el foco en las desigualdades existentes en materia de carrera profesional. En este sentido, el Parlamento considera necesario modificar el sistema actual para permitir el acceso anual a dicha carrera, evitando largos periodos de espera y garantizando además que los trabajadores no pierdan el tiempo acumulado ni los méritos adquiridos cuando promocionan internamente o cambian de categoría profesional.
Tras este respaldo parlamentario, la Cámara autonómica traslada ahora al Gobierno central y al Ministerio de Sanidad la necesidad de atender estas reivindicaciones y avanzar hacia un modelo “más justo, moderno y acorde con la realidad profesional” del sistema sanitario público, según defienden los promotores de la iniciativa.

































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