La empresa adjudicataria del servicio de limpieza viaria, playas y recogida de residuos de Telde ha sido condenada a abonar una sanción de 15.250 euros tras confirmarse irregularidades laborales relacionadas con el control horario de trabajadores y el pago de horas extraordinarias.
Según informa Canarias7, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha avalado las conclusiones de la Inspección de Trabajo, ratificando que la concesionaria —la UTE formada por SUFI, SA y Hermanos Santana Cazorla, SL— manipuló registros laborales y vulneró obligaciones salariales.
La resolución judicial, dictada el pasado 14 de abril de 2026, da por acreditado que parte de las hojas de control horario de empleados presentaban correcciones realizadas con típex, además de constatar que fueron los propios mandos quienes rellenaban determinados registros de jornada en lugar de los trabajadores. La investigación laboral también concluyó que decenas de empleados realizaron horas extraordinarias nocturnas sin percibir el complemento económico correspondiente ni cotizar esas cantidades a la Seguridad Social.
Tal y como recoge Canarias7, las irregularidades fueron detectadas tras una inspección realizada en marzo de 2021, que examinó los registros de 44 trabajadores y detectó alteraciones en las hojas de firma de 15 de ellos, además de acreditar que 40 empleados realizaron horas extras estructurales durante el primer semestre de 2020. Inicialmente, la Inspección de Trabajo propuso una sanción de 21.900 euros.
La empresa trató posteriormente de anular o rebajar la multa alegando, entre otros argumentos, que el uso del típex no equivalía a falsificación documental, que existía acuerdo con los representantes sindicales sobre el sistema de registro y que el procedimiento inspector presentaba defectos formales. Sin embargo, el TSJC rechazó todos esos planteamientos, aclarando que la ausencia de denuncia penal por falsedad documental no impide la imposición de sanciones administrativas.
El Juzgado de lo Social número 8 de Las Palmas ya había respaldado en lo esencial el contenido de la inspección en septiembre de 2025, aunque corrigió parte de la sanción. Finalmente, según detalla Canarias7, el Tribunal Superior corrigió un error aritmético detectado en aquella resolución y fijó la multa definitiva en 15.250 euros, además de imponer a la concesionaria el pago de 800 euros en costas judiciales.
Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.158