¿Quién defiende a la lucha canaria?

La situación que atraviesa desde hace años la Federación de Lucha Canaria debería preocupar seriamente a cualquier persona que sienta respeto por nuestro deporte vernáculo. Lo ocurrido durante este largo periodo de conflictos institucionales, judicialización, gestoras y enfrentamientos internos no puede seguir considerándose normal.

La pregunta que muchos se hacen hoy es sencilla:
¿Quién está defendiendo realmente a la Lucha Canaria?

Porque aquí ya no hablamos únicamente de diferencias personales, ni siquiera de discrepancias políticas o deportivas. Hablamos de legalidad, de transparencia y de respeto a la democracia interna de una federación que representa uno de los símbolos más importantes de nuestra identidad deportiva y cultural.

Durante años se ha instalado un modelo peligroso de funcionamiento marcado por el desgobierno, la ausencia de explicaciones públicas y la permanente intervención o influencia política sobre decisiones que deberían pertenecer exclusivamente al ámbito federativo y a sus órganos soberanos de decisión: las Asambleas.

Resulta inevitable preguntarse por qué las distintas federaciones y colectivos vinculados a la Lucha Canaria no han actuado con mayor firmeza ante situaciones que han generado una profunda inseguridad jurídica y una evidente pérdida de credibilidad institucional.

Porque muchas de estas situaciones, históricamente, se resolvían dentro de la propia Federación, en las Asambleas y mediante el diálogo entre los distintos estamentos, sin necesidad de tutelas externas ni de la constante intervención política.

Ese era precisamente uno de los pilares fundamentales de la autonomía federativa: la capacidad de resolver los conflictos internos dentro de los órganos democráticos de la propia Lucha Canaria.

Sin embargo, con el paso de los años, esa autonomía se ha ido debilitando hasta el punto de normalizar escenarios de judicialización, gestoras permanentes e interferencias políticas que nunca debieron convertirse en el funcionamiento habitual de nuestra Federación.

También es legítimo cuestionar el papel desempeñado por los responsables políticos del área deportiva del Gobierno de Canarias. Tanto durante la etapa de Manuel López como posteriormente bajo la responsabilidad de Ángel Sabroso y Lorena Hernández, la sensación trasladada a gran parte del entorno de la lucha ha sido la de permisividad, pasividad o falta de respuesta ante un conflicto que nunca debió alcanzar semejante dimensión.

Especialmente controvertida ha sido toda la situación derivada del caso de Francisco Rivero Vega, conocido deportivamente como “Pollo de Rojas”, y las posteriores resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Muchos siguen preguntándose por qué, tras las resoluciones judiciales y después de los plazos establecidos para la convocatoria electoral, la Federación continuó funcionando en medio de un escenario de enorme incertidumbre jurídica y política.

A ello se añade otra cuestión igualmente preocupante: la falta de transparencia económica y de control institucional. Si determinadas decisiones adoptadas antes de la reposición judicial fueron anuladas, incluyendo acuerdos relacionados con la aprobación de las cuentas presentadas en la Asamblea celebrada en Vecindario el 11 de octubre de 2025, resulta lógico que hoy existan dudas y preocupación sobre cómo se ha desarrollado posteriormente la gestión administrativa, económica y federativa de la Federación de Lucha Canaria.

Sin embargo, lo más grave de todo no es únicamente el conflicto institucional o jurídico.

Lo verdaderamente preocupante es el abandono, durante todos estos años —desde 2020 hasta la actualidad—, de cuestiones esenciales para el presente y el futuro de nuestro deporte:
la protección de la salud de los luchadores,
la igualdad competitiva,
los controles médicos,
los controles de peso,
la transparencia deportiva,
y la obligación de rendir cuentas ante la Asamblea y los distintos estamentos federativos.

Porque mientras el foco se ha centrado permanentemente en conflictos institucionales, judiciales y políticos, han quedado en un segundo plano asuntos fundamentales que afectan directamente a la seguridad, la limpieza competitiva y la credibilidad de la propia Lucha Canaria.

Durante demasiado tiempo se ha funcionado sin la normalidad democrática que exige cualquier institución deportiva seria. Sin Asambleas periódicas, sin explicaciones suficientes y sin una fiscalización clara de la gestión realizada.

La Lucha Canaria merece estabilidad, transparencia y respeto institucional.

Merece dirigentes capaces de unir y no de dividir.

Merece responsables públicos que protejan su autonomía y no que contribuyan al deterioro de sus instituciones.
Y merece, sobre todo, recuperar la confianza perdida de luchadores, clubes, árbitros y aficionados.

Ahora será la justicia, y los órganos competentes, quienes deberán seguir pronunciándose allí donde existan dudas legales pendientes de resolver.

Pero mientras tanto, la obligación moral de todos los que forman parte de este deporte debería ser una sola:
Defender la Lucha Canaria por encima de intereses personales, políticos o de poder.

PD: Lo del Club de Lucha Castillo del Romeral ha sido de las situaciones más sangrantes que se recuerdan en la lucha canaria reciente. A pesar de las trabas, los conflictos y el abandono institucional, el club siguió compitiendo, formando cantera y dejando el nombre de Gran Canaria en lo más alto. Mucho respeto a quienes resistieron y aun hoy siguen resistiendo....

José Trujillo Artiles, Barranquera IV, exluchador.