Sanidad pública y autogobierno

En distintas ocasiones he señalado que la defensa de la sanidad es uno de los asuntos que, afortunadamente, genera mayor unanimidad entre la población. Situación ratificada, hace apenas seis años, en el reconocimiento colectivo de nuestro sistema sanitario en un momento tan crítico como fue la respuesta a la pandemia de la Covid 19. Formamos parte de los privilegiados estados y comunidades del mundo que cuentan con un sistema sanitario público, gratuito, universal y financiado con fondos públicos. Lo que posibilita que los ciudadanos y las ciudadanas, al margen de su condición social y económica u origen territorial y nacional, puedan acceder a un tratamiento o a una intervención quirúrgica de mayor o menor complejidad. En muchos lugares del mundo, incluso del desarrollado, muchas personas no pueden afrontar los gastos sanitarios y estos pueden llevarlos al empobrecimiento o incluso a la ruina, así como a verse obligados a renunciar a un tratamiento por no poder pagarlo.

La Ley 14/1986 General de Sanidad impulsada por el PSOE en la etapa del recordado ministro Ernest Lluch, en la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo, constituye, sin duda, una de las leyes más importantes aprobadas en el período democrático. Fue la que consolidó el actual sistema universal, gratuito y financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado y no a través de las cotizaciones a la seguridad social.

Transferencias sanitarias

Tras las transferencias educativas llevadas a cabo en 1983, y que implicaron una enorme transformación, modernización y avance, las sanitarias llegaron a Canarias algunos años más tarde, en 1994. Tras un duro proceso negociador, que me tocó dirigir por la parte canaria, y que culminó con la publicación del Real Decreto 446/1994, de 11 de marzo, de traspaso a la Comunidad Canaria de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Unas transferencias modélicas, en las que además del coste efectivo de los servicios traspasados a la Comunidad Canaria conseguimos financiación adicional para construir el hospital Doctor Negrín.

Canarias se encontraba entonces en una situación de absoluto retraso en este ámbito. Teníamos entonces el peor sistema sanitario del Estado español. Con infraestructuras claramente insuficientes. Con hospitales obsoletos. Con urgencias colapsadas. Con un grave estancamiento en atención primaria y con la salud mental abandonada. Con exiguas plantillas profesionales. Con déficits de instalaciones básicas en numerosos municipios y, especialmente, en islas como La Palma. Sin sistema de emergencias.

Partiendo de ese absoluto atraso se dio en poco tiempo un salto sustancial que situó a la sanidad canaria en la media estatal. Para eso debe servir el autogobierno, para intervenir en la realidad de Canarias, transformándola positivamente. Para contribuir de forma decidida a la mejora de la calidad de vida de la gente.

En julio de ese mismo año se aprobó la Ley 1994/11 de Ordenación Sanitaria de Canarias, aún vigente. Una ley que tiene entre sus objetivos “el establecimiento y la ordenación del sistema canario de la salud…”; así como la regulación general “de cuantas actividades, servicios y prestaciones, públicos o privados, determinan la efectividad del derecho constitucional a la protección de la salud”.

Creación SCS

Una Ley que supuso, asimismo, la creación y organización del Servicio Canario de la Salud (SCS), del que fui el primer director. Un SCS responsable “de las actividades y los servicios y las prestaciones directamente asumidos, establecidos y desarrollados por la Administración de la Comunidad Autónoma en el triple campo de la promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad y la asistencia sanitaria”.

Por otra parte, pusimos en marcha un plan de obras que en solo seis años triplicó la superficie de instalaciones sanitarias. Construyendo los hospitales de El Hierro, La Palma, La Gomera y el Doctor Negrín en Gran Canaria, además de los planes directores del Materno/Insular, La Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Poniendo en marcha, asimismo, la mayoría de los centros de salud del Archipiélago. Acercando la atención sanitaria a la ciudadanía de todas las Islas y municipios. Generando un pionero sistema de emergencias (inicialmente el 061, posteriormente el 112) y aprobando el primer Plan de Salud de Canarias.

Entonces la sanidad dejó de formar parte de los principales problemas para la ciudadanía, generando un importante grado de satisfacción por su funcionamiento que se reflejaba en los distintos sondeos de opinión. Pero no siempre se mantuvo así. Luego vinieron distintas etapas con numerosos altibajos, vinculados a distintos factores. A una mejor o peor dirección de este trascendental servicio público y a la eficiencia en su gestión. A los significativos recortes económicos que le afectaron tras la crisis financiera del año 2008. A la mayor o menor capacidad de respuesta antes las nuevas o crecientes demandas (como la atención a la salud mental) o a los cambios demográficos, por el incremento de población y por una sociedad más envejecida y, por tanto, con la necesidad de atender adecuadamente las patologías asociadas a una mayor longevidad.

La pandemia de la Covid19, a comienzos de 2020, supuso un momento crítico. Para afrontar adecuadamente el reto que planteó esa grave crisis sanitaria se produjo la contratación de 9.000 nuevos efectivos en el sistema canario de salud, profesionales que luego han continuado prestando servicios. Confirmó, además, nuestra capacidad de respuesta, con el caso del primer Covid detectado del Estado, que se produjo en la isla de La Gomera, o el confinamiento de unas mil personas, entre clientes y personal, en un hotel de Tenerife. Así como con la posterior atención a los miles de personas contagiadas en las Islas. Con el mejor perfil de la pandemia, con el menor porcentaje de enfermos y de fallecimientos entre las comunidades autónomas.

Legitimidad del autogobierno

La sanidad, por la enorme relevancia que tiene en la vida de todos y todas; por ser fundamental para mantener la salud pública, prevenir enfermedades y gestionar problemas de salud crónicos y agudos; por suponer más del 40% del Presupuesto de la Comunidad Canaria y disponer de más de 35.000 trabajadores y trabajadoras. Por todas esas razones precisa contar siempre con recursos suficientes, con la mejor planificación y organización, así como con una gestión profesionalizada, lo que en estos momentos no ocurre en modo alguno.

Mientras el sistema dependió por completo del Estado el abandono fue absoluto, así como la falta de adaptación del mismo a nuestras singularidades. Con las transferencias del 94, con el diseño del SCS, con el Plan de Salud y los de inversiones hicimos una gestión adaptada a la realidad archipelágica, teniendo en cuenta los ocho territorios, incorporando, por ejemplo, los helicópteros y los aviones medicalizados.

En definitiva, el autogobierno genera las condiciones para mejorar la sanidad desde Canarias. Pero para que esto suceda tiene que haber, además de recursos, adecuada planificación y gestión, no dejando áreas de esta complejidad en manos de aficionados. Por eso, actualmente los resultados de nuestro sistema sanitario son insatisfactorios para amplios sectores de la población canaria.

Además, las cada vez más frecuentes crisis sanitarias globales -Covid 19, hantavirus o ébola, que vuelve a generar una alta preocupación por su extensión en República Democrática del Congo y Uganda- precisan de sólidos sistemas sanitarios y, asimismo, de la máxima coordinación y colaboración en el ámbito estatal y europeo, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Como dijo recientemente el director general de la OMS, Tedros, Adhanom, los virus “no entienden de política ni respetan fronteras”. 

Por último, coincido con lo que plantea en un reciente artículo Ayoze Corujo, secretario de organización de NC-bc, en el que señala que el autogobierno necesita mejorar su ’legitimidad por rendimiento’. Lo digo desde el convencimiento de que el autogobierno ha sido determinante para la mejora y consolidación de los servicios educativo o sanitario, pero, al mismo tiempo, la calidad de esos servicios públicos y su percepción por la ciudadanía resultan fundamentales para la legitimación permanente del autogobierno y para aspirar a mayores cotas de soberanía.

Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC).