Héctor Suárez ordenó subir el coste del proyecto de emergencia de abasto días después de aprobado por la Junta de Gobierno

La declaración de la ingeniera Catalina Lourdes Naranjo Santana, redactora del proyecto y directora de las obras de emergencia de abasto de agua ejecutadas en 2022 en asentamientos irregulares de Telde, introduce nuevos elementos de interés en la investigación judicial sobre la controvertida actuación impulsada desde el área de Aguas y Urbanismo durante el mandato de Héctor Suárez,a quien el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil atribuye la presunta comisión de los delitos de ordenación del territorio, malversación, negociaciones prohibidas y prevaricación urbanística.

Tal y como dejo sentado en su comparecencia como testigo ante el Seprona, realizada el 29 de julio de 2024, la técnica aseguró este martes en sede judicial que fue el entonces concejal de Aguas y Urbanismo quien contactó con su estudio a comienzos de julio de 2022 para comunicarles la necesidad urgente de ejecutar una obra de emergencia destinada a abastecer de agua a viviendas afectadas por el cese del suministro de Fraindagua.

Un encargo verbal y un proyecto basado en una memoria de Aguas de Telde

La directora técnica de Canarias Ingeniería Civil S.L. reiteró lo ya dicho ante los agentes de que el encargo inicial del proyecto fue realizado de palabra por Héctor Suárez, quien les trasladó la necesidad de actuar con rapidez y les indicó que elaboraran el documento técnico tomando como referencia una memoria valorada realizada por Aguas de Telde, que le fue remitida posteriormente por correo electrónico.

Naranjo explicó además que el 5 de julio de 2022 recibieron por escrito la notificación de adjudicación firmada por el entonces edil, documento en el que ya figuraba un presupuesto de ejecución de 691.570,14 euros, pese a que, según sostuvo, el encargo del proyecto se había producido días antes de manera verbal.

La actualización de precios: “No hubo solicitud por escrito”

Uno de los puntos que llamó entonces la atención de los investigadores fue el incremento económico posterior de la actuación. Sobre este extremo, la ingeniera declaró que pocos días después de presentar el primer proyecto, Héctor Suárez la llamó por teléfono para pedir una actualización del presupuesto, alegando que los precios de materiales y mano de obra se habían quedado obsoletos.

Como consecuencia de ello, explicó que se elaboró un nuevo proyecto “exactamente igual que el anterior”, aunque con precios revisados, elevando el coste hasta 912.636,45 euros.

Preguntada expresamente sobre si existía alguna constancia documental de esa petición de actualización, Naranjo respondió que no existió solicitud escrita, precisando únicamente que la llamada telefónica se produjo entre el 14 y el 22 de julio de 2022, fechas de entrega del proyecto inicial y de su actualización.

Luis Martín y las ampliaciones para llegar a más viviendas

Uno de los apartados más relevantes de la declaración afecta a las ampliaciones del trazado inicialmente proyectado. La ingeniera aseguró que fue Luis Alberto Martín García, entonces asesor de confianza de Héctor Suárez, quien la contactó telefónicamente para solicitar modificaciones destinadas a ampliar el recorrido de las canalizaciones hacia nuevas zonas no contempladas en el diseño original.

Según la testigo, Martín actuaba “en representación de Héctor Suárez” y justificó la ampliación porque había que hacer llegar el agua a viviendas que se habían quedado fuera del proyecto inicial.

Naranjo indicó que pidió que esas indicaciones le fueran remitidas por correo electrónico y posteriormente recibió un plano con los nuevos trazados que debían incorporarse al proyecto.

Desconocimiento sobre permisos y aprobación municipal

La redactora del proyecto afirmó en su día ante el Seprona, y los mantuvo este pasado martes, que desconocía si el proyecto modificado llegó a ser aprobado por la Junta de Gobierno Local, así como si se solicitaron permisos al Consejo Insular de Aguas en aquellos tramos que discurrían por suelo rústico de protección hidráulica.

Sí aclaró, no obstante, que desde su estudio únicamente gestionaron la parte relacionada con la afección a terrenos del Cabildo de Gran Canaria.

Supervisión de obra y papel de Aguas de Telde

Respecto al seguimiento de la actuación, Catalina Naranjo sostuvo que se realizaban certificaciones mensuales, firmadas por la propia dirección facultativa y la empresa constructora, aunque dijo desconocer si los técnicos municipales las rubricaban posteriormente.

Además, señaló que el técnico municipal Francisco Javier Rodríghuez estuvo presente el día del acta de replanteo “y poco más”, indicando que quienes supervisaban realmente el desarrollo de los trabajos eran, sobre todo, personal de Aguas de Telde. En este sentido, identificó principalmente a Daniel Reyes, quien —según declaró— comprobaba el correcto funcionamiento de las tuberías conforme iban terminándose los distintos tramos.

La testigo, en su comparecencia ante el Seprona que aportaría correos electrónicos, certificaciones de obra y documentación relacionada con las ampliaciones de trazado y la presentación de ambos proyectos en el Ayuntamiento de Telde, lo que hizo este martes en sede judicial.