Patrimonio cultural de Jinámar: ¿Reivindicación o colaboracionismo?

Las jornadas “Jinámar: Memoria, Identidad y Futuro”, celebradas los días 21 y 22 de mayo en el CEPA de Jinámar, han abierto también un debate paralelo sobre el modelo de defensa del patrimonio cultural del barrio.

Coincidiendo con este encuentro impulsado por la Asociación Cultural Montaña Rajada y Turcón-Ecologistas en Acción, Manuel (Lolo) Rodríguez Hernández, coordinador de la RSP de Jinámar y portavoz de la Coordinadora en Defensa del Patrimonio de Jinámar (COPAJI), ha remitido un artículo de opinión en el que cuestiona el papel de determinados colectivos sociales y de las administraciones públicas en la protección efectiva del legado histórico y etnográfico del territorio.

Patrimonio cultural de Jinámar: ¿Reivindicación o colaboracionismo"

El 21 y 22 de mayo de 2026, se celebra en el CEPA de Jinámar, las I Jornadas Jinámar Memoria, Identidad, Futuro, organizadas por una nueva asociación que se denomina “Montaña Rajada” y preside por un “nada nuevo dirigente vecinal” (Pedro Galván), que abandonó la Coordinadora en Defensa del Patrimonio de Jinámar (COPAJI), esta última, organizó el pasado año las “I Jornadas de Patrimonio Cultural de Jinámar”, donde no mostraron interés alguno, los que hoy han promovido las celebradas en el CEPA.

Desde mi punto de vista, el Inventario Etnografico de Gran Canaria, es un gran documento (mejorable) con años de trabajo, que recoge la mayoría de los bienes que pueden ser catalogados como bienes patrimoniales; pero dicho inventario, no protege legalmente al patrimonio de Gran Canaria ni de sus distintos municipios.

Según la Ley 11/2019 del 25 de abril del Patrimonio Cultural de Canarias, los instrumentos de protección del patrimonio de Canarias son, la declaración de Bienes de Interes Cultural (B.I.C.) y los cartálogos insulares y municipales. Dicha Ley establece con claridad la obligación de elaborar dichos catálogos, que son un instrumento fundamental para la protección legal de nuestro patrimonio y su gestión. Los ayuntamientos y los cabildos tenían que haberlo confeccionado antes del 24 de abril de 2.022. Pero ni el Cabildo de Gran Canaria, ni el Ayuntamiento de Telde han cumplido con sus obligaciones legales ni con la Ley.

La incompetencia manifiesta de los políticos que dirigen el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, han impedido la protección legal de nuestro patrimonio y el mismo ha ido desapareciendo por la incapacidad manifiesta de los políticos de turno o por intereses expúreos con el territorio. El mismo alcalde de Telde el pasado 7 de marzo, manifestó su incompetencia en los medios locales, al reconocer que tenía obligación legal de elaborar dichos catálogos y en consecuencia de su importancia, pero afirmó que era un “documento de naturaleza compleja y laboriosa”. O sea no se ha ocupado de este asunto y ni ha querido contratar su elaboración a las profesinales cualificados o a la Universidad,(aunque buena parte del trabajo lo tienen realizado con el inventario etnográfico del Cabildo). ¡Excusas y desinterés!

¿Cual es el papel de los colectivos que dicen querer defender el legado cultural, cuando nos tropezamos con esta desidia e incompetencia? Entiendo, que debe ser, entre otros, la reivindiación y la denuncia de los irresponsables y la exigencia de que cumplan al menos con su obligaciones legales, con las normas que protejan el patrimonio cultural.

Pero hay “organizaciones sociales”, o “dirigentes sociales” que miran para otro lado y que les molesta que otros denuncien, lo que denuncio en la presente. Algunos de esos dirigentes, entre ellos quien convoca estas jornadas en el CEPA, no son ajenos a la desaparición de parte del patrimonio de Jinámar, entre otros la desaparción del antiguo almacén de “El Quinto de Jinámar” o la maquinaria del pozo de “Doña Lola”, estuvo varias legislaturas en el ayuntamiento de Telde y no se ocupó, lo más mínimo, del patrimonio y no le ha gustado nada que determinados colectivos denuncien las responsabilidades de cargos público encargados del patrimonio municipal e insular, que ni se ocupan de sus responsabilidades, ni atienden reclamaciones colectivas para la protección del patrimonio.

Hay dirigentes que mantienen un doble discurso con la defensa del patrimonio, los que dicen defenderlo y son incapaces de denunciar a quienes permiten su destrucción, su desaparición, y a la vez colaboran con los incompetentes; y los que lo defienden, ofrecen su colaboración para su protección integral, su difusión y la denuncia a cualquier atentado al patrimonio y a los responsables de protegerlo y que han hecho omisión de su deber.

¿Que ha hecho el concejal de Patrimonio de Telde, el Consejero de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, el Director General de Patrimonio del Cabildo, el Director General de Patrimonio de Canarias? ¿Es que no saben que tienen la obligación legal de elaborar los instrumentos técnicos denominados catálogos de bienes culturales? ¿Que han hecho en este sentido El Consejo Municipal de Patrimonio Cultural y el Consejo Insular de Patrimonio de Gran Canaria? Y ¿Que hacen las organizaciones de la sociedad civil que dicen defender el patrimonio, acaso exponen esta dejación a la opinión pública? ¿Como van a defender el Patrimonio Cultural de Canarias si desatienden sus obligaciones legales y en el caso de los consultores  es que no ven que las instituciones que aconsejar no cumplen con las obligaciones legales a las que están obligadas, permitiendo la destrucción del patrimonio, con absoluta impunidad, ni posibilidad de denuncia judicial, por no estar aprobados los instrumentos de protección legal de nuestro legado?