Pablo Rodríguez pide al Estado adelantar la anualidad del Plan de Vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha solicitado este jueves, en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada en Madrid, la transferencia de los 42 millones de euros de la anualidad de este año del Plan Estatal de Vivienda por parte del Estado para garantizar la ejecución de los proyectos y ayudas previstos durante el segundo semestre del año.

“Si nos transfieren los fondos antes del mes de julio, estaremos en disposición de poder ejecutar la planificación prevista para este año”, ha señalado Rodríguez durante la celebración de este encuentro, al que también ha asistido la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León.

Cabe recordar que Canarias recibe una financiación estatal de 222,6 millones de euros a cinco años, lo que representa el 5,30% del reparto estatal previsto dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. A esta cantidad se suma una aportación realizada por el Gobierno de Canarias de 148,4 millones de euros.

En la anualidad de este 2026, Canarias debe recibir 42 millones de euros del Estado, que repartirá, según establece el propio plan, en un 40% para construcción de vivienda; en un 30% para rehabilitación, y en otro 30% para políticas de vivienda.

Por otro lado, durante el encuentro, los dos representantes de vivienda han vuelto a reiterar al Estado una revisión de los criterios de reparto de los fondos estatales destinados al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para las islas, al considerar que los parámetros actuales no responden a la realidad económica, social y demográfica de Canarias.

Canarias ya ha trasladado esta reivindicación en anteriores conferencias sectoriales y en las alegaciones remitidas al Plan Estatal de Vivienda, destacando la necesidad de actualizar los criterios empleados para la distribución de los créditos entre las comunidades autónomas, ya que continúan utilizando indicadores de renta per cápita correspondientes a 1991.

“Esto provoca que no se refleje de forma precisa la realidad económica, social y demográfica de Canarias, lo que limita la efectividad de los recursos asignados”, ha señalado Rodríguez, a la vez que ha insistido en que la realidad, después de 35 años, ha cambiado mucho para el archipiélago. 

“La evolución social, demográfica y económica de Canarias obliga a revisar unos criterios de reparto que han quedado desfasados. Es necesario incorporar indicadores que reflejen la realidad actual de las islas y las particularidades de cada comunidad autónoma”, ha apuntado el consejero.

Por ello, el Ejecutivo ha pedido al Ministerio que permita modular esos límites en función de las particularidades de cada territorio y del perfil real de las personas que necesitan apoyo público para acceder a una vivienda.