La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha emitido un decreto sobre las actuaciones realizadas en Lomo Los Frailes y ha trasladado las diligencias al Tribunal de Instancia de Telde, Sección de Instrucción, por apreciar indicios de un posible delito contra la ordenación del territorio atribuido a tres personas y extiende ese análisis a posibles promotores, constructores o técnicos directores que hubieran intervenido en las actuaciones investigadas.
El decreto fiscal recoge actuaciones de parcelación, vertidos, vallados, instalación de contenedores y construcciones en suelo rústico de protección agraria. A ello añade un informe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Telde, de 12 de febrero de 2026, que considera “ilegalizables” las obras ejecutadas, informa Colectivo Turcón-Ecologistas en Acción en un comunicado.
Según ese informe municipal, en la zona se habrían creado dos parcelas. La denominada parcela A tendría 4.708 metros cuadrados y la B, 15.502. En la primera se describen movimientos de tierra, desbroce y limpieza, excavación de zanjas para instalaciones, tendido de tubos corrugados para canalización eléctrica y la ejecución de un vallado perimetral de 322 metros lineales con valla metálica anclada al terreno con dados de hormigón y recubierta con malla de polietileno. Según el documento, se vallado afecta a una línea de distribución de suministro ejecutada sobre poste de madera.
En la parcela B se recoge movimientos de tierra con vertidos de materiales para formar terraplenes y explanaciones, con una superficie estimada de 2.646 metros cuadrados. También señala la apertura de un nuevo acceso interior de unos 100 metros lineales y 400 metros cuadrados de superficie estimada, así como una nueva salida no autorizada a la carretera general de la zona. A ello se suma la instalación de contenedores y habitáculos ajenos al uso agrario.
El decreto fija además actuaciones para el Seprona, la Agencia de Protección del Medio Natural y el Ayuntamiento de Telde, dirigidas a la adopción de medidas cautelares para el precinto de las obras y de las instalaciones, así como a la cuantificación de lo ejecutado para el restablecimiento de la legalidad urbanística. También señala al tribunal que las declaraciones de los investigados se incorporen a su hoja histórico-penal.
Para Turcón Ecologistas en Acción, la actuación de la Fiscalía se produce a raíz de las quejas vecinales y de las denuncias ecologistas presentadas sobre este asunto.
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