El conflicto por las jaulas marinas frente a la costa de Telde vuelve a elevar su tensión política y judicial. El presidente de Ciuca y consejero insular, Daniel Reyes, anunció que su formación está dispuesta a acudir a los tribunales contra la empresa responsable de las instalaciones acuícolas si no se produce un desmantelamiento inmediato de las jaulas.
En declaraciones realizadas durante una entrevista radiofónica, Reyes aseguró que, aunque inicialmente optaron por esperar al desarrollo de las diligencias abiertas por Fiscalía, considera que ya existen elementos suficientes para emprender acciones judiciales directas contra la empresa.
“Esta empresa no es de fiar”, afirmó de forma tajante. El dirigente de Ciuca sostuvo que “se ha mentido deliberadamente ante la Fiscalía, ante la ciudadanía y ante las administraciones”, por lo que entiende que debe existir “algún tipo de reproche judicial, social y económico”.
Acusaciones de ocultación y presión al Ayuntamiento
Reyes fue especialmente duro al referirse al episodio de mortandad masiva de peces registrado en las instalaciones. Según explicó, la empresa habría ocultado información clave relacionada con un brote bacteriológico previo.
El líder político señaló que medios de comunicación como TELDEACTUALIDAD y La Provincia “destaparon” la existencia de ese brote y criticó que no se trasladara toda la información a Fiscalía. “Si se te estaban muriendo cinco toneladas diarias de lubinas durante días, eso no se puede ocultar”, sostuvo.
A su juicio, el objetivo de esa estrategia era intentar derivar posteriormente la responsabilidad económica hacia el Ayuntamiento de Telde. “Primero pidieron 10, 15 o 20 millones. ¿Irán ya por 100?”, ironizó.
Además, acusó a la compañía de utilizar un “discurso coactivo” para eludir sus propias responsabilidades ambientales y económicas.
“El Gobierno de Canarias actúa como paraguas”
Reyes también cargó contra el Gobierno autonómico por la gestión del caso y por lo que considera una defensa pública de intereses privados.
“Nunca había visto a un cargo autonómico defendiendo a una empresa privada en vez del interés público”, afirmó, insinuando además que la compañía recibe importantes ayudas públicas del Ejecutivo regional.
El consejero insular cuestionó igualmente las distintas hipótesis planteadas para justificar la mortandad de peces. Recordó que inicialmente se responsabilizó al Ayuntamiento, posteriormente al polígono industrial y más tarde incluso a supuestos vertidos con plomo.
En este sentido, aseguró que existen informes técnicos sobre mareas aportados por Canaragua que descartarían físicamente que un vertido procedente del emisario pudiera alcanzar las jaulas marinas.
“Las imágenes satelitales muestran que las corrientes jamás hubieran podido llevar esa mancha hasta las jaulas”, explicó.
Pruebas reservadas y amenaza de querella
El dirigente de Ciuca dejó entrever además que existen documentos y pruebas aún no difundidas públicamente y que, según indicó, se mantienen reservadas hasta que Fiscalía concluya su instrucción.
“Hay pruebas que todavía no se conocen y que estamos guardando para cuando termine la investigación”, aseguró.
Reyes relató también las dificultades que, según sostiene, han encontrado los técnicos municipales durante el proceso de inspección. Entre ellas citó supuestas trabas para acceder a las instalaciones o críticas de la empresa por el uso de drones municipales.
“Cada paso que dábamos encontraba un obstáculo nuevo”, afirmó.
“O las quitan o habrá procedimiento judicial”
El presidente de Ciuca endureció finalmente el tono y advirtió de que no esperarán hasta 2026 para el anunciado desmantelamiento de las instalaciones.
“Si el Gobierno de Canarias no interpone la querella, la presentará el partido”, afirmó.
Reyes insistió en que la retirada de las jaulas debe producirse “de manera inmediata” y lanzó un aviso directo a la empresa: “O quitan las jaulas o se avecina un procedimiento judicial. No tenemos miedo a afrontarlo”.
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