Canarias refuerza su estrategia para garantizar el acceso a la vivienda

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha detallado en el Pleno del Parlamento de Canarias las principales líneas de actuación del Ejecutivo canario en materia de vivienda, en tres intervenciones centradas en la limitación de adquisición por no residentes, el nuevo sistema de adjudicación de vivienda pública y las políticas desplegadas para facilitar el acceso a la vivienda.

Rodríguez ha subrayado que “Canarias afronta una emergencia habitacional estructural que ha exigido tomar decisiones, llevar a cabo cambios normativos y una estrategia integral con un objetivo de proteger a los canarios y canarias en el acceso a la vivienda”.

En relación con la posibilidad de limitar la adquisición de vivienda por parte de no residentes, el consejero ha explicado que el Gobierno de Canarias ha actualizado un informe jurídico previo, mediante un nuevo análisis encargado al despacho especializado Uría Menéndez en Bruselas. 

En esta línea el consejero responsable del área ha explicado que este documento actualizado ya ha avanzado que “existen vías jurídicas viables para avanzar en esta dirección que incluyen opciones como la limitación de segundas viviendas, la regulación del alquiler vacacional o la incorporación de medidas fiscales específicas, siempre bajo el cumplimiento de los principios del derecho de la Unión Europea, es decir, justificando las razones de interés general, no discriminación y proporcionalidad”. 

Rodríguez ha subrayado que, si bien se trata de un camino complejo “no es imposible”, y ha recordado que ya existen territorios europeos con estas limitaciones que pactaron antes de su adhesión a la Unión Europea. Además, ha señalado que Canarias está defendiendo la aplicación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce la singularidad de las regiones ultraperiféricas y permite adaptar las políticas comunitarias a sus particularidades, como la insularidad, la lejanía o la presión sobre el territorio.

Asimismo, el consejero ha destacado el trabajo que ha desarrollado el Gobierno de Canarias en el ámbito europeo y estatal para situar esta cuestión en la agenda. En este sentido, ha puesto en valor la participación activa del Gobierno de Canarias en distintos foros y organismos europeos, así como la coordinación con el Gobierno de España, que se ha alineado con la estrategia del Ejecutivo para avanzar en la limitación de la compra de vivienda por parte de no residentes.

“Estamos ante un problema global, pero con una manifestación especialmente intensa en Canarias. Por eso, necesitamos respuestas diferenciadas que garanticen que la vivienda cumpla su función social como hogar para los canarios y canarias, y no como un activo sometido a dinámicas especulativas”, ha concluido.

Reformas normativas para garantizar el acceso a la vivienda 
Asimismo, durante su intervención en el Parlamento, el consejero ha detallado el conjunto de reformas impulsadas por el Ejecutivo con el objetivo de incrementar la oferta y reforzar la adjudicación justa de viviendas y la protección de la ciudadanía de Canarias.

En esta línea, Rodríguez ha recordado que una de las primeras decisiones fue la aprobación del Decreto-ley 1/2024, de medidas urgentes en materia de vivienda, una norma orientada a movilizar suelo público y activar edificaciones en desuso para destinarlas a uso residencial. “Este instrumento ha permitido habilitar el cambio de uso de suelos inicialmente previstos para otros fines, así como facilitar la reconversión de locales y edificios completos en viviendas, siempre garantizando que una parte significativa de las nuevas promociones tenga carácter protegido. Además, introduce mecanismos de simplificación administrativa, como la tramitación urgente de los procedimientos o la posibilidad de ejecución directa de actuaciones consideradas de interés general”, ha explicado el consejero responsable del área.

A esta primera reforma se suma el Decreto-ley 3/2025, “centrado en uno de los principales cuellos de botella del sistema, la concesión de licencias urbanísticas”. Esta norma incorpora fórmulas de colaboración con colegios profesionales y entidades habilitadas para agilizar la emisión de informes técnicos, permitiendo desbloquear proyectos y acelerar la construcción de viviendas. Asimismo, amplía las posibilidades de cambio de uso en suelos turísticos y terciarios, condicionando estas actuaciones a la generación de vivienda protegida y asequible. A su vez, Rodríguez ha añadido que en este marco, “se desarrolla también la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada al alquiler con precios limitados para dar respuesta a sectores de la población que quedan fuera del mercado libre y de la vivienda pública”.

Asimismo, recientemente, el Ejecutivo ha aprobado el Decreto 23/2026, que regula el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida y el sistema de adjudicación. “Esta norma supone un cambio estructural al eliminar definitivamente el sistema de sorteo y sustituirlo por un modelo basado en baremación objetiva, en el que se prioriza la situación real de necesidad. El nuevo sistema refuerza el arraigo en Canarias como criterio de acceso, simplifica los trámites mediante la declaración responsable y la gestión electrónica, e incorpora nuevas herramientas para mejorar la eficiencia del parque público, incluyendo la regulación de anejos no vinculados y nuevas modalidades habitacionales”, ha añadido Rodríguez.

Dentro de este paquete de medidas impulsadas en lo que va de legislatura, el consejero ha avanzado también “la inminente puesta en marcha de la Hipoteca Joven”, una iniciativa diseñada para facilitar el acceso a la primera vivienda a personas de hasta 40 años. A través de este programa, el Gobierno avalará una parte del crédito hipotecario que no cubren las entidades financieras, reduciendo la principal barrera de entrada para quienes no pueden afrontar el ahorro previo.

Finalmente, Rodríguez ha destacado “el impulso sin precedentes a la construcción de vivienda protegida en Canarias”. En este sentido, Rodríguez ha detallado que en la actualidad, el Archipiélago cuenta con cerca de 4.000 viviendas en distintas fases de desarrollo, entre ejecución y planificación, “lo que representa el mayor volumen de promoción pública de las últimas décadas". Este incremento de la oferta, junto con las reformas normativas, configura una estrategia orientada a dar respuesta estructural a la emergencia habitacional en las islas”, ha concluido.