
Los datos más recientes, derivados de una encuesta financiera de las familias realizada por el Banco de España, evidencian la persistencia de la desigualdad en la concentración de la riqueza. Concretamente, el 52% de la riqueza nacional se encuentra en manos del 10% de las familias con mayor patrimonio.
En un contexto teórico, el progreso económico debería implicar una distribución equitativa del bienestar. Sin embargo, la realidad demuestra una tendencia contraria: la riqueza se acumula en la cúspide de la pirámide econónica, mientras que amplios sectores de la población apenas consiguen mantener su nivel de vida. Esta concentración de riqueza no responde a factores aleatorios, sino que es el resultado de dinámicas estructurales como el acceso desigual a la vivienda, la perpetuación de privilegios a través de herencias y un mercado laboral que no siempre recompensa el esfuerzo con estabilidad laboral.
La problemática trasciende el ámbito económico, extendiéndose a las esferas social y democrática. Cuando una minoría ostenta un control significativo sobre los recursos, también acumula capacidad de influencia, la cual puede traducirse en decisiones políticas, mediáticas y empresariales que mantienen dicha desigualdad. Que más de la mitad de la riqueza española se concentre en manos de únicamente una de cada diez familias no constituye únicamente una cuestión de justicia social, sino que representa un obstáculo para el desarrollo económico sostenible y la cohesión democrática.
La resolución de esta concentración de riqueza exige una voluntad política decidida y la implementación de medidas estructurales, en lugar de soluciones puntuales. La cuestión no reside en la necesidad de actuar, sino en la duración que permitiremos que esta brecha siga ampliándose. Esta concentración de riqueza no es un fenómeno fortuito, sino el resultado de decisiones políticas concretas: sistemas fiscales que permiten a las grandes fortunas pagar una proporción menor de sus ingresos, un mercado inmobiliario convertido en un escenario de especulación y una herencia económica que determina el destino de los individuos en función de su origen.
Se privilegia el capital sobre el trabajo. No debemos engañarnos: quién concentra el capital, concentra también el poder. Este poder se traduce en la capacidad de influir en la legislación, en los medios de comunicación y en la configuración de las narrativas. Permite definir qué se considera razonable y qué no lo es. En consecuencia, la desigualdad deja de ser percibida como un problema para convertirse en una norma social. El verdadero riesgo no reside en la existencia de individuos ricos, sino en la reducción progresiva del margen de movilidad social que permita a las personas superar la pobreza.
Cuando la riqueza se concentra en tal medida, la meritocracia se convierte en un mito conveniente para justificar situaciones injustas. Con este modelo económico, no debemos resignarnos, sino cuestionarlo. La redistribución de la riqueza no implica castigar el éxito, sino evitar que el éxito de unos pocos se construya sobre el estancamiento de la mayoría.
Se nos insiste en que esta acumulación de riqueza es necesaria, que sin grandes fortunas no existiría inversión ni crecimiento económico. Sin embargo, esta promesa resuena cada vez con menos fuerza entre quienes tienen dificultades para llegar a fin de mes. ¿De qué sirve el crecimiento económico si solo beneficia a los de siempre? Desde una perspectiva sociológica, la brecha existente entre distintos estratos socioeconómicos ejerce un impacto significativo en la cohesión social. Las sociedades caracterizadas por una marcada desigualdad tienden a experimentar niveles elevados de conflicto, desconfianza y fragmentaciónn social.
La percepción de injusticia, derivada de la falta de correlación entre el esfuerzo individual y la obtención de oportunidades equivalentes, puede erosionar el sentido de pertenencia y la legitimidad de las instituciones. Las decisiones políticas, las estructuras económicas y los valores culturales desempeñan un papel crucial en la distribución de recursos y oportunidades. En consecuencia, el debate sobre la desigualdad no se limita a la mera descripción de diferencias, sino que implica una profunda reflexión sobre el tipo de sociedad que se aspira a construir..
Gregorio Viera es exconcejal del PSOE en Telde.










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