La esposa y la Fiscalía

La vecina del quinto A no llama a un rector de universidad sin más y este le responde al móvil. La vecina del cuarto B no telefonea a ese rector, o similar, y le convoca a una reunión en su piso, yendo este raudo a la cita disciplinadamente. La vecina (o vecino) del tercero D no logra que el rector le facilite una cátedra para operar proyectos con empresas. La vecina del sexto C, sin ostentar titulación universitaria, no consigue la referida cátedra. Y esto es en alusión a cualquier españolito medio. Pero hay más. Tampoco la esposa, ya puestos, de un alcalde o consejero de Gobierno autonómico, lo que sea, se beneficia de estos presuntos tratos con el rector y puesta en marcha de cátedras con proyecciones empresariales.

Begoña Gómez es la esposa del presidente del Gobierno. Y desde ese soporte, dicho sea a nivel sociológico, se le abre unos posibles que el resto de los mortales no huelen ni por asomo. Hasta la Fiscalía expone dudas, no legales pero sí morales, al establecer: “Más allá de consideraciones éticas o estéticas, conveniencia o inconveniencia de ciertas actuaciones”. Para el Ministerio Público no hay caso y defiende que no existe reproche penal alguno que endosar a Gómez. Reclama el archivo. Mas significa sus dudas éticas, las desliza.

Por este motivo Pedro Sánchez escribió una carta abierta, se recluyó varios días y tuvo pendiente al país. Entonces enarboló la teoría del fango y la persecución de la ultraderecha. Es decir, con su actitud tan recoleta como solemne, confirmó la gravedad. Tuvo a la sociedad en vilo en abril de 2024. No era la misiva de un enamorado, era el testimonio público de un jefe del Ejecutivo cuya esposa comenzaba a ser investigada. Al final, dijo que seguía y en estas estamos aún.

Igual respeto merece la presunción de inocencia como la labor del juez instructor. Toca esperar. En términos políticos, si se confirma que hay juicio oral, la atención será mayúscula. Lo de José Luis Ábalos y Koldo García solo será un aperitivo del espectáculo ante la vista de Gómez. Que concurra un jurado popular, permite confrontar los hechos a la luz de un conjunto de ciudadanos que, decidan lo que decidan, no podrá decírseles que lo han hecho por estar abonados a la guerra judicial o a la politización de la justicia. Y esto lo sabe el juez Juan Carlos Peinado.