Carmen Hernández, diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista en el Parlamento de Canarias (Foto cedida)La portavoz parlamentaria de Nueva Canarias-Bloque Canarista en materia de RTVC, Carmen Hernández, presentó el pasado miércoles 56 enmiendas al Proyecto de Ley de Ordenación del Sistema Público de Comunicación Audiovisual de Canarias, unas propuestas que, según expuso la formación, se estructuran en torno al carácter público del ente, la situación de la plantilla, los servicios informativos y los mecanismos de control institucional.
Según la formación, las enmiendas buscan modificar el texto impulsado por el Ejecutivo autonómico y se agrupan en cuatro ideas base: “blindar por ley una RTVC totalmente pública”, corregir las deficiencias democráticas y los problemas de ilegalidad señalados por el Consejo Consultivo, defender a la plantilla frente a las privatizaciones y subrogaciones y “blindar los informativos”. En ese marco, Hernández afirmó que sus propuestas apuestan por un modelo “cien por cien” público, “independiente” y sometido al “control democrático del Parlamento”.
Entre las principales medidas planteadas por la diputada figuran la prohibición expresa de la externalización de funciones esenciales para que el servicio se preste con medios y personal propios, la definición de la actividad estructural del ente y una reforma de los mecanismos de control institucional. En ese apartado, NC-BC plantea la obligatoriedad del mandato marco aprobado por el Parlamento con mayoría reforzada, una junta de control “más amplia y representativa” elegida por la Cámara y la limitación de las competencias de la dirección general, especialmente en materia económica y editorial. Hernández sostuvo que el modelo del Gobierno “vacía” de contenido el “control parlamentario” para concentrar un “poder excesivo” en una sola figura.
Otro bloque de enmiendas se refiere a la plantilla. Según la formación, las propuestas incluyen garantías sobre los derechos laborales y la estabilidad en el empleo, la eliminación de la disposición adicional séptima del proyecto y el refuerzo de la participación de los trabajadores en los órganos del ente. “Sin trabajadores públicos no hay una radio y televisión pública real”, señaló la parlamentaria en la nota remitida a los medios.
NC-BC incorpora además un apartado específico sobre los servicios informativos. En ese terreno, plantea la creación de un consejo de informativos como órgano profesional independiente, la prohibición total de la externalización de la producción informativa y el establecimiento de mínimos de programación informativa. A ello añade enmiendas orientadas, según el texto difundido, a fortalecer la radio pública y a garantizar presencia informativa radiofónica en todas las islas.
Durante la presentación de las enmiendas, Hernández cargó también contra el enfoque del proyecto de ley promovido por el Ejecutivo. La diputada afirmó que el texto nace con un enfoque “profundamente antidemocrático” y con un encaje legal y constitucional “seriamente cuestionado por el Consultivo”. “Estamos ante una norma diseñada para poner la radio y televisión pública al servicio del Gobierno, algo que no supera los mínimos estándares democráticos”, declaró. En la misma línea, advirtió de que a la dirección general “se le da capacidad para contratar, decidir la línea editorial y actuar sin controles”.
La formación añadió que ha trabajado las enmiendas con el comité de empresa del ente público y con otros integrantes del sector en las islas. En ese contexto, Hernández mostró su disposición a dialogar en el Parlamento si el Ejecutivo plantea mejoras “coherentes” con el modelo público que defiende su grupo. Para NC-BC, según concluye la nota, el debate sobre la RTVC “no es técnico ni burocrático sino profundamente democrático”. “Estamos hablando de un derecho fundamental, el de recibir información veraz, plural e independiente”, manifestó la diputada.









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