Un vecino lleva a Fiscalía "obras sin licencia" en el casco antiguo de Jinámar

El vecino de Jinámar, José Antonio Hernández Rodríguez, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Las Palmas por presuntas irregularidades urbanísticas y actividad mercantil sin licencia en los inmuebles situados en la calle Granada , solicitando además que se investigue la posible inacción administrativa del Ayuntamiento de Telde.

Según el escrito registrado el 17 de abril de 2026, el denunciante asegura haber trasladado reiteradamente desde mayo de 2024 la existencia de obras sin autorización y actividad empresarial irregular ante la Policía Local y distintos departamentos municipales, sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas sancionadoras ni de paralización.

Riesgos para la salud vecinal

En la denuncia se advierte de la emisión de gases procedentes del trabajo con metales, lo que, según el vecino, supone un riesgo para la salud pública de residentes del entorno, especialmente menores y personas mayores con patologías respiratorias. Hernández Rodríguez sostiene que estas molestias persisten pese a las actuaciones previas comunicadas a distintas administraciones.

Asimismo, expone que ha presentado escritos ante Urbanismo, Medio Ambiente municipal, la Diputada del Común, Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el propio Ayuntamiento sin que, según su relato, se hayan practicado inspecciones efectivas ni se haya ordenado el cese de la actividad denunciada.

Solicitud de investigación por posible omisión administrativa

El denunciante solicita a la Fiscalía que investigue la posible existencia de infracciones urbanísticas, riesgos sanitarios derivados de la actividad y eventuales responsabilidades administrativas por omisión de funciones. También plantea que se analice si pudo producirse trato de favor o conflicto de intereses en la continuidad de las obras y la actividad empresarial señalada.

En su escrito, Hernández Rodríguez reclama la adopción de medidas legales que garanticen la legalidad urbanística y la protección de los vecinos afectados, así como la depuración de responsabilidades en caso de confirmarse irregularidades.