La delgada línea

Ha sido Félix Bolaños el que ha dado la vertiente más pública del caso contra Begoña Gómez. Al cuestionar la instrucción del juez Juan Carlos Peinado, haciéndolo precisamente desde su condición de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, metió a Gómez en la arena estrictamente política. Con todo, un ministro del ramo no puede atacar la instrucción de un juez; por mucho que sostenga que está contaminado o que su ejercicio ha sido torticero, será la justicia en sus diferentes instancias la que antes o después ponga las cosas en su sitio. Un ministro de Justicia debe proteger a los jueces, no contradecirlos con respecto a ningún procedimiento judicial en curso, por mucho que la interesada sea la esposa del presidente del Gobierno.

En realidad, le hace un flaco favor. Es decir, si Gómez está libre de todo se presume que será absuelta. De lo contrario, y siguiendo al ministro, ¿tendríamos que sostener que concurre una distorsión, guerra y politización en el poder judicial? Si fuese así: adiós, Estado de Derecho y estaríamos en otra pantalla. Muy preocupante para la democracia, por otra parte.

Se van conociendo los escritos de acusación vertidos contra Gómez, su asistente Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. En lo que respecta a Gómez, recae una acusación de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

Las instrucciones y juicios penales son asuntos delicados. Con mayor intensidad, quizá, cuando atañe a políticos. Aquí es la esposa de Sánchez. Mas ha sido Bolaños, con su arremetida contra el juez Peinado, el que ha puesto el foco público sobre Gómez. Hasta ese momento, al margen de las declaraciones de respeto y defensa de la separación de poderes como de la presunción de inocencia, era privado y, sin embargo, se extralimitó y lo ha hecho público. No le hace bien el ministro a Gómez.

Que sea un jurado popular quien juzgue a Gómez tiene más alcance de lo que parece en primera instancia. Será el pueblo, consagrado en el artículo 125 de la Constitución, el que eleve veredicto; con las precisiones de rigor de los titulares que administran la justicia, y esto pone todo negro sobre blanco (aún más) cuando concierne a la esposa del jefe del Ejecutivo. Toca esperar el recorrido y desenlace del caso. Adelanto electoral no habrá, ni por asomo, desde que el banquillo asoma para Gómez y compañía. Que la justicia haga su trabajo. Pero poner en duda la justicia, desde otro poder, no sale gratuito. Cuando menos, es indecoroso.