CSIF alerta de riesgo de colapso en Telde para la regularización migratoria

El sindicato CSIF  denuncia la falta de recursos humanos y materiales para atender las demandas ciudadanas en los procesos de autorización de residencia en aplicación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Desde CSIF critican que esta Ley, aprobada por el Gobierno de España, ha sido publicada sin tener en cuenta las circunstancias reales de cada Administración ni dando un plazo para que los ayuntamientos puedan organizarse o contratar personal para atender la avalancha considerable de demandas y solicitudes.

Desde la aprobación de la norma, áreas del Ayuntamiento de Telde, como son Servicios Sociales o Atención al Público (registro y empadronamiento y estadística), han visto como ha aumentado muy considerablemente el número de solicitudes y peticiones, siendo ejemplo de ello, las peticiones de informe de hallarse en situación de vulnerabilidad, certificados de empadronamiento o certificados de convivencia, a lo que hay que añadir las peticiones o solicitudes que se prevean que puedan realizarse hasta el cierre del plazo legalmente establecido.

Estas áreas, aseguran desde el CSIF, ya cuentan con poco personal para atender las demandas ordinarias, viéndose ahora incapaces de atender el mayor volumen de trabajo, lo que provocará que tengan que dejar de realizar otras tareas para atender las citadas peticiones o que la ciudadanía tengan que soportar excesivos tiempos de espera las cuales pueden superar en determinados casos las 2 horas, para ser atendidos por el personal municipal.

Como ejemplo, CSIF destaca que el personal de Servicios Sociales que se dedique a realizar los informes de hallarse en situación de vulnerabilidad, tendrán que dejar de realizar otras funciones como pueden ser “gestionar las ayudas sociales,  informes para gestionar el ingreso mínimo vital, informes para otras administraciones públicas, lo que conllevara retrasos en las intervenciones con las familias, visitas domiciliarias o la propia atención al público”.

Asimismo, en el área de Atención al Público podrán verse retrasadas las altas de empadronamiento o la tramitación de otros certificados.

Además, desde CSIF critican que esta situación "provocará una sobrecarga de trabajo a una plantilla mermada, aumentando claramente los riesgos psicosociales ya detectados en esas áreas".

A pesar, señala el sindicato, de que el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Telde no tiene responsabilidad por la aprobación de la norma a nivel estatal, desde el CSIF se ha solicitado al alcalde Juan Antonio Peña que se dote de personal esas áreas, así como que se convoque una reunión urgente para abordar todas las medidas necesarias que permitan atender estas demandas de manera correcta, garantizar los derechos de los empleados y empleadas públicas y sobre todo, buscar soluciones para que los servicios públicos que se prestan al resto de la ciudadanía no se vean afectados, ya que en caso de no tomarse las medidas oportunas, existe un claro riesgo de que los servicios a la ciudadanía pueden verse colapsados y prestar un servicio claramente deficitario.