Cuando la política y el compromiso empresarial se alinean con la tierra

Hablar del tomate canario es hablar de historia, de identidad y de economía. Durante décadas, este cultivo ha sido uno de los pilares del sector primario en Gran Canaria, especialmente en comarcas como La Aldea de San Nicolás. Sin embargo, también es hablar de crisis, de abandono institucional en otras épocas y de una competencia exterior que ha puesto en jaque a muchas explotaciones agrarias. Por eso, el convenio firmado hoy entre CENCOSU (SPAR Gran Canaria) y COAGRISAN no es un simple acuerdo comercial: es una declaración de intenciones sobre el modelo de isla que queremos.

En un contexto global donde los precios agrícolas muchas veces se fijan lejos del territorio y de la realidad de quienes producen, garantizar un precio justo —0,80 €/kg en la campaña 2026— supone un cambio profundo. No se trata solo de vender tomate, sino de asegurar que las personas agricultoras puedan cubrir sus costes y vivir dignamente de su trabajo. Eso, en términos de soberanía alimentaria, es clave. Porque no hay soberanía sin personas productoras, y no hay personas productoras si el campo no es rentable.

Aquí es donde cobra especial relevancia el papel del Cabildo de Gran Canaria. Lejos de limitarse a una función administrativa, ha asumido una política activa en defensa del sector primario. La apuesta por la futura IGP Tomate Canario, el apoyo económico sostenido para combatir plagas como la Tuta absoluta, la inversión en innovación —desde la robotización hasta la valorización de residuos— o la promoción en ferias internacionales no son medidas aisladas. Forman parte de una estrategia clara: dignificar el sector, modernizarlo y hacerlo competitivo sin perder su esencia.

Pero si la política pública es fundamental, no lo es menos el compromiso del sector privado. En este caso, SPAR Gran Canaria, a través de CENCOSU, demuestra que otra forma de hacer distribución es posible. Apostar por el producto local, garantizar estabilidad en los precios y dar salida comercial a 500.000 kilos de tomate en los 200 supermercados de la isla no es solo una decisión empresarial: es una apuesta por el territorio, por el presente y por el futuro. Es entender que cada tomate que se vende aquí genera empleo, fija población en el mundo rural y reduce nuestra dependencia del exterior.

La soberanía alimentaria no es un concepto abstracto ni una consigna ideológica. Es la capacidad real de un territorio para producir, transformar y consumir sus propios alimentos en condiciones justas. Y en una isla como Gran Canaria, especialmente vulnerable a crisis externas, esto no es una opción: es una necesidad estratégica.

Este convenio, además, refleja algo igual de importante: la cooperación. Administraciones públicas, cooperativas agrícolas, organizaciones profesionales y empresas de distribución trabajando juntas hacia un objetivo común.

Frente a un modelo que durante años fragmentó al sector, hoy se abre paso una lógica de alianza que fortalece toda la cadena.

El tomate de La Aldea no solo compite en calidad; compite en valores. Detrás de cada kilo hay conocimiento, esfuerzo y una forma de entender el territorio. Apostar por él no es solo una decisión económica, es también una decisión política y social.

Hoy, con este acuerdo, Gran Canaria da un paso en la buena dirección. No resuelve todos los desafíos del sector, pero sí marca un camino: el de los precios justos, la innovación, la cooperación y el compromiso con lo nuestro.

Porque defender el tomate canario es, en el fondo, defender nuestra capacidad de decidir qué producimos, cómo lo producimos y para quién. Y eso, en estos tiempos, es más importante que nunca.
 

Diego Fernando Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.