
La mañana de este jueves dejó un nuevo episodio en la ofensiva contra las actuaciones urbanísticas irregulares en suelo rústico de Telde. Un amplio dispositivo integrado por agentes de la Guardia Civil-Seprona, funcionarios del Ayuntamiento de Telde y personal judicial ejecutó dos intervenciones en Lomo Catela y Llanos de Madrid, con el corte del suministro de agua agrícola y el precinto de actuaciones vinculadas a expedientes de disciplina urbanística.
Según la información reacaba por TELDEACTUALIDAD, en el operativo participaron alrededor de una veintena de guardias civiles, además de trabajadores municipales y funcionarios del juzgado. La actuación se desarrolló sin incidentes y tuvo como finalidad materializar medidas ya acordadas en el marco de procedimientos abiertos por la administración y respaldados judicialmente.
En Lomo Catela, la intervención se centró en la ejecución de precintos judiciales para paralizar obras consideradas ilegales. La presencia del juzgado y de los agentes permitió llevar a cabo sobre el terreno la medida de sellado y control, dentro del proceso dirigido a impedir la continuidad de trabajos no autorizados en este enclave.
De forma paralela, en Llanos de Madrid se procedió también al corte del suministro de agua agrícola, con la colaboración del Ayuntamiento de Telde y la empresa suministradora. En este caso, además, se ejecutaron los precintos relacionados con expedientes de disciplina urbanística, igualmente sin que se registraran incidencias durante el despliegue.
Estas actuaciones guardan relación con el expediente abierto por el Consistorio tras detectarse en la zona una reparcelación urbanística clandestina en suelo rústico de protección agraria. Como ya informó TELDEACTUALIDAD el pasado 5 de marzo, Urbanismo había ordenado la suspensión del suministro de agua agrícola en el ámbito de Lomo Cabezo-Llano Madrid, al constatar la división de parcelas sin la preceptiva cobertura legal.
La medida fue trasladada en su momento a Famedi Canarias S.L.U., encargada del servicio, siguiendo instrucciones vinculadas al procedimiento en marcha. La resolución municipal, enmarcada en un expediente iniciado en 2021 y culminado con resolución final de 9 de febrero de 2026, avalaba la interrupción temporal de suministros básicos para evitar la consolidación de usos urbanísticos irregulares.
El operativo de este jueves supone, por tanto, la ejecución material de parte de esas decisiones administrativas y judiciales. La actuación busca frenar la continuación de obras y servicios en terrenos afectados por procedimientos de restablecimiento de la legalidad, en una zona donde la administración ha venido apreciando movimientos parcelarios y transformaciones incompatibles con la clasificación del suelo.
Con esta intervención, el Ayuntamiento y los cuerpos actuantes refuerzan el mensaje de control sobre los asentamientos y obras ilegales en suelo rústico, especialmente en enclaves donde el uso del agua agrícola puede convertirse en soporte de procesos de ocupación o transformación no autorizados. El despliegue, con presencia conjunta de Guardia Civil, juzgado y personal municipal, evidenció este jueves la dimensión de un asunto que sigue bajo vigilancia.













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