Contra el reemplazo silencioso de los canarios en Canarias

Este martes Levy Cabrera, Secretario del Sindicato Profesional de Médicos de Tenerife, advertía en la Cadena SER de la migración masiva de facultativos formados en Canarias por las pésimas condiciones laborales y salariales; el año pasado algunos nos sorprendimos con la cantidad de maestros y profesores peninsulares que accedían a plazas en Canarias, en detrimento de los nacidos aquí. Este lunes el Diario de Avisos publicaba el siguiente titular: "Compradores extranjeros se hacen con 90.000 viviendas en Canarias en la última década, el 35% del total".  El pasado domingo el periódico El Día avisaba con esta otra noticia: "La situación de los alquileres obliga a los canarios a vivir con la maleta preparada". Entre tanto, el crecimiento vegetativo de Canarias lleva siendo negativo desde 2018. Esto es, que mueren más personas de las que nacen todos los años, y sin embargo en la última década la población canaria ha aumentado en más de 100.000 personas. Otro dato revelador: según el Consejo de la Juventud de Canarias, unos 212.000 canarios residen actualmente en el extranjero, una cifra que casi dobla la registrada en 2016.

Si van atando cabos verán perfectamente el patrón, y cómo se está sustituyendo a la población canaria por la de fuera, de manera continuada, a la par que la vivienda pasa a ser cosa también de los de fuera. El paradigma de todo esto lo tenemos en Fuerteventura, donde solo el 30% de la población es nacida en Canarias. Para colmo tenemos a unas administraciones y políticos trabajando denodadamente por perpetuar este modelo de sustitución. Algo que se completa con la labor diaria, "impagable", de la Televisión Pública Canaria, machacando continuamente a los canarios pobres para defender a residentes peninsulares o extranjeros pudientes y a este mismo modelo extractivo y empobrecedor de canarios. 

Esta radiografía, que está ahí, son los datos, no me invento nada, en cualquier otra sociedad mínimamente espabilada tendría a todo el pueblo levantado y a sus políticos legislando para evitar que esta sin razón continúe; en Canarias seguimos de fiesta. Aunque no todos, algunos, al menos contamos y denunciamos este reemplazo silencioso de los canarios en Canarias.  

Y digo yo: ¿por qué es legal, legítimo y justo proteger la pervivencia de las culturas indígenas del Amazonas que se ven amenazadas por la destrucción de sus hábitats naturales, y resulta xenófobo o legalmente inviable proteger el derecho de los canarios a seguir viviendo en sus islas? Si nos fijamos, en ambos casos el causante es el mismo: el capitalismo salvaje. La diferencia sólo está en la forma de la expulsión. Así, en el Amazonas son muy directos y evidentes deforestando los bosques para especular con la madera o con el terreno, y en Canarias todo es más sutil: es el mercado con sus leyes y unos políticos lamentables los que favorecen que poblaciones de medio mundo se instalen aquí con ventaja sobre la población local, sin violencia directa  ni deportaciones forzosas al estilo Trump, pero sin pausa. 

Es el reemplazo, aunque no quieran verlo. Aunque lleven décadas enseñándonos a interpretar estos fenómenos exclusivamente en términos económicos. El problema es el mercado, nos dicen, y no hay nada que hacer. Si el mercado quiere sueldos bajos, pobreza alta, ayudas muy pocas, vida carísima y vivienda imposible, y todo esto hace que los canarios se vayan o se mueran pronto y los sustituyan los de fuera, pues así son las cosas. Todos formamos parte de una misma lógica global, y las personas no deben distinguirse por su origen sino por su posición en el sistema productivo, nos insisten. Y aunque hay cierta verdad en el diagnóstico, hay algo que este análisis no alcanza a comprender: el arraigo. Porque Canarias no es un espacio abstracto sobre el que operan fuerzas impersonales, es un territorio concreto, limitado, habitado por una comunidad que ha tejido en él su historia, su cultura y sus vínculos. Reducir a esa comunidad a la condición de “actor económico” equivale, en la práctica, a aceptar que puede ser sustituida si las dinámicas del mercado así lo imponen. Y esto, justo esto  es lo que está ocurriendo, a través de mecanismos algo más sutiles. En Canarias no se expulsa a nadie directamente; son los precios los que lo hacen, los alquileres imposibles, la transformación de viviendas en alojamientos turísticos, la entrada de capital externo que revaloriza el suelo por encima de cualquier salario local, o un mercado laboral que prima la contratación de mano de obra extranjera dispuesta a trabajar por muy poco, y profesionales cualificados de la Península o de Europa. 

Vivimos un círculo perfecto, que se ve especialmente con la vivienda. Así, la llegada de compradores con mayor capacidad adquisitiva eleva los precios, esos precios expulsan a la población local, y esa expulsión facilita que el mercado se oriente aún más hacia quienes pueden pagar esas nuevas condiciones. En esta dinámica sustitutiva también juega un papel fundamental el modelo del turismo masivo, que transforma el territorio en un espacio de uso intensivo y desplaza progresivamente los usos residenciales. Este turismo en cifras récord por el que se apuesta y no paran de presumir Clavijo, Dávila y compañía -y más que van a venir porque Canarias está muy lejos de las zonas del mundo donde hay conflictos bélicos-, obliga a seguir aumentando la mano de obra mayoritariamente de fuera que demanda el mercado, con  más presión sobre la vivienda, los recursos, las carreteras y el territorio, y más subida de precios. Y esto tiene siempre el mismo resultado: más canarios malviviendo, muriendo prematuramente o marchándose. 

Frente a esta realidad demoledora, es hora de que los canarios empiecen a defender sin complejos ni prejuicios el derecho que toda comunidad tiene a mantener su continuidad social, cultural y territorial, y a no ser desplazada de facto por dinámicas económicas que no controla. Y esto, aclaro, no es un argumento identitario ni una apelación emocional, es una idea que encuentra respaldo en distintos marcos jurídicos y políticos. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los pueblos a decidir su desarrollo económico, social y cultural; la Constitución Española establece el derecho a una vivienda digna y obliga a los poderes públicos a impedir la especulación; el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea insiste en la necesidad de garantizar la cohesión territorial, especialmente en regiones insulares. Y en el plano internacional, es ampliamente aceptado -y considerado un avance moral- proteger a las comunidades indígenas amazónicas frente a dinámicas económicas que amenazan su continuidad, con instrumentos como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen explícitamente el derecho de estos pueblos a permanecer en su territorio y a preservar su forma de vida. ¿Por qué para los canarios no hay leyes protectoras? Ah, que ellos son culturas prehistóricas, son pintorescos, y nosotros somos modernos. Pero qué demonios: es el mismo capitalismo salvaje el que los expulsa a los dos. 

En definitiva: ¿queremos que Canarias se convierta -sino lo somos ya- en un macro resort de lujo con Cunas del Alma por todos lados, en un gigantesco parque temático sin cultura propia ni alma, en una Las Vegas en el Atlántico repleta de prostitución, vicios, fiestas, corrupción, mafias y suburbios con pobres escondidos viviendo en barracones o en cuevas? Bien, pues sigamos así, continuemos bailando. Eso sí, luego no digan que no lo avisé. 

Eloy Cuadra es escritor y activista social.