Hablar de la XXX Cata Insular de Vinos de Gran Canaria no es únicamente referirse a un concurso enológico. Es, en realidad, hablar de identidad, de territorio y de una forma de entender el desarrollo que pone en el centro a quienes trabajan la tierra. En un contexto global donde lo local compite en desigualdad de condiciones frente a grandes mercados y multinacionales, iniciativas como esta representan mucho más que una cita anual: son un acto de resistencia.
Desde su nacimiento, la Cata Insular ha sido la respuesta organizada de un sector que se negaba a desaparecer. El vino grancanario, con siglos de historia, encontró en este certamen una herramienta para dignificar su producción y reivindicar su lugar. En la última década se ha convertido en un auténtico acto de resistencia. en la trinchera. No es casualidad que, con el paso del tiempo, haya ganado prestigio hasta ser reconocido oficialmente por el Ministerio de Agricultura. Ese reconocimiento, sin embargo, no es el fin, sino el medio para fortalecer un modelo propio.
Porque detrás de cada botella no hay solo uvas: hay paisaje, hay cultura y hay economía local. Apostar por el vino de Gran Canaria es apostar por la soberanía alimentaria, por la diversificación económica y por la protección de un territorio frágil. Es entender que el sector primario no es un vestigio del pasado, sino una pieza clave para construir un futuro más justo, igualitario y sostenible.
El sistema de cata a ciegas, con jurados cualificados y bajo estándares internacionales, garantiza algo fundamental: que la calidad de nuestros vinos no necesita paternalismo, sino oportunidades. Y eso desmonta uno de los grandes prejuicios que históricamente ha pesado sobre lo nuestro: que lo de fuera siempre es mejor. No lo es. Y la Cata Insular lo demuestra año tras año.
Pero también conviene mirar más allá del certamen. Las 18 bodegas y los 46 vinos que participan en esta edición son solo la punta del iceberg de un sector que sigue enfrentando enormes retos: el relevo generacional, la presión del mercado exterior, el encarecimiento de los costes o la recuperación progresiva de suelo agrario en desuso. Defender el vino de la isla implica también tomar decisiones políticas valientes que protejan al pequeño productor frente a un modelo económico que muchas veces lo margina.
En este sentido, es justo reconocer el trabajo de la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, liderada por Miguel Hidalgo. Su apuesta por el mundo rural no es solo una cuestión de gestión, sino de convicción: entender que sin campo no hay isla, y sin personas productoras no hay futuro.
La Cata Insular de Vinos no es solo un escaparate de calidad; es una declaración de principios. Nos recuerda que el desarrollo no puede medirse únicamente en cifras, sino también en arraigo, en dignidad y en capacidad de decidir sobre nuestros propios recursos.
En cada copa de vino grancanario hay algo más que sabor: hay historia, hay lucha y hay esperanza.
Y eso, en tiempos como los que vivimos, también es política.
Diego Fernando Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.


























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