Intervención encubierta: la lucha canaria bajo gestión sin control

Años de decisiones tomadas sin supervisión efectiva revelan la urgencia de reforzar los órganos de control y proteger la estructura democrática de la federación.

Es evidente que, cuando dimite un porcentaje tan elevado de una junta directiva —como el 70 %—, la situación deja de ser normal desde el punto de vista institucional y pasa a ser claramente irregular. Los estatutos están precisamente para dar respuesta a estos escenarios y, cuando establecen la obligación de convocar elecciones en un plazo de 15 días, no dejan margen de interpretación: no es una opción, es un mandato que garantiza el funcionamiento democrático de la entidad.

No haber cumplido ese procedimiento en su momento supone, como mínimo, un incumplimiento de las normas internas y abre la puerta a cuestionar la legitimidad de las decisiones adoptadas con posterioridad. Pero la gravedad es aún mayor cuando quien lo tolera es, precisamente, quien debería ejercer el control, como ocurrió en el caso de Francisco Rivero. Cabe preguntarse por qué no se adoptaron las mismas medidas respecto a la gestora que, durante un prolongado periodo, ejerció funciones de gobierno sin los mecanismos de control exigibles.

En cualquier entidad deportiva —y más aún en una como la Federación de Lucha Canaria—, el respeto a los estatutos resulta esencial para garantizar la transparencia, la legalidad y la estabilidad institucional.

Por eso, es razonable pensar que si se hubiera actuado conforme a lo que marcaban las normas en su momento, probablemente se habría evitado parte de la situación actual. Al final, cuando no se respetan los procedimientos en tiempo y forma, las consecuencias suelen aparecer más adelante.

Y me explico: mientras se pone en el foco los incumplimientos estatutarios y en la situación judicial, yo considero que hay una cuestión aún más profunda y, si cabe, más grave. Me refiero a la falta de control en aspectos fundamentales de la federación y al hecho de que no se han respetado en todo este tiempo.

Por un lado, está el control económico. Durante años no ha existido claridad sobre quién supervisaba realmente la gestión de la gestora, a pesar de que esta ha presumido —y sigue presumiendo— de haber logrado los mejores resultados en ingresos económicos de la federación.

Quiero dejar claro que con esto no estoy afirmando que las cuentas sean incorrectas, sino que no existía —o, al menos, no se percibía— un órgano supervisor que ejerciera ese control de manera clara, independiente y externa, como tradicionalmente se había hecho a través de las asambleas.

En este sentido, desde 2019, año en que se celebró la última Asamblea legalmente constituida, no se ha restablecido ese mecanismo de control, ya que la celebrada en 2025 carecía de validez legal.

Por otro lado, cuestiones básicas como el seguimiento de los controles médicos de los luchadores o el control de los pesos —y, en general, cualquier cambio en los ámbitos de la federación— están tipificados en los Reglamentos. Para que cualquier modificación pueda llevarse a cabo, debe elevarse primero a la Asamblea extraordinaria. Antes de su tratamiento, los cambios se deben remitir a los órganos correspondientes siguiendo el procedimiento establecido: primero al Comité de Garantías y, en función de su informe favorable o no, se trasladan a la Asamblea para su ratificación o rechazo, incluyendo las modificaciones que se consideren oportunas.

Además, cualquier propuesta de modificación debe ir avalada por al menos un 10% de cualquiera de los estamentos de la lucha canaria, o por una federación insular o regional, antes de que pueda ser estudiada y, si procede, aprobada. De esta manera, se garantiza que cualquier cambio esté debidamente supervisado, algo que no se ha cumplido en estos últimos años, especialmente desde la actuación de la gestora, que ha operado en la práctica sin control efectivo.

Lo más preocupante es que esta situación no es reciente, sino que se arrastra desde la última asamblea celebrada en 2019. Durante todo este tiempo se ha actuado sin el debido control, adoptando decisiones que, en muchos casos, no correspondían a quienes las tomaban. Esto constituye, en la práctica, una intervención de la lucha canaria de forma encubierta, al margen de los mecanismos ordinarios de control y de la estructura democrática de la organización.

Además, no hablo desde la teoría, sino desde la experiencia. Ya en 2004, cuando entramos en la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria, tuvimos que elevar a la Asamblea insular una serie de irregularidades económicas que habíamos detectado. En dicha Asamblea se adoptaron las medidas correspondientes, trasladando los hechos a los órganos competentes, y todos sabemos cómo acabó aquel proceso. Esa experiencia demuestra claramente la importancia de que existan mecanismos de control efectivos.

En definitiva, más allá del debate jurídico o estatutario, lo verdaderamente preocupante es la falta de mecanismos claros de control y supervisión en áreas clave. Porque cuando eso falla, no solo se resiente la legalidad, sino también la confianza en la propia institución.

PD: Es posible que, por lo menos eso dice la gestora, hayan sido los años en que más dinero ha recibido la lucha canaria, pero ¿a cambio de qué? ¿De haber vendido nuestra soberanía al político de turno? Esto evidencia que los ingresos económicos, por sí solos, no justifican la ausencia de mecanismos de control ni la vulnerabilidad de la federación frente a intereses externos.

José Trujillo Artiles, Barranquera IV, exluchador.