La seguridad de los Programas Integrales de Empleo

En el papel, los Programas Integrales de Empleo son herramientas de justicia social. Al priorizar a jóvenes sin formación, parados de larga duración mayores de 45 años y mujeres víctimas de violencia de género, el sistema busca reparar una desigualdad estructural. Sin embargo, en la práctica, estamos permitiendo que la urgencia por la inserción laboral eclipse un derecho fundamental: la integridad física de los trabajadores.

Es alarmante observar cómo, en el seno de estos programas, la falta de prevención de riesgos laborales y el uso deficiente de los Equipos de Protección Individual (EPI) se han convertido en una constante invisible. Lo que es peor: cuando se denuncian estas carencias, el sistema se protege con excusas burocráticas y un silencio sindical preocupante.

Es fundamental recordar que estos programas no tienen como único fin otorgar un sueldo temporal; su verdadero espíritu es dotar al trabajador de experiencia, hábitos y competencias que le abran las puertas a futuras ofertas de empleo en el sector privado.

¿Qué clase de experiencia estamos transmitiendo si permitimos que trabajen en condiciones precarias? Si un joven aprende que la norma es trabajar sin la protección adecuada, estamos exportando "vicios profesionales" y una cultura de la negligencia que lo hará menos empleable —y más propenso a sufrir accidentes— en empresas serias que sí cumplen la normativa. La prevención es una competencia profesional tan valiosa como el manejo de una herramienta.

Actualmente en cualquier municipio, es habitual cruzarse con cuadrillas donde los trabajadores portan únicamente el chaleco de alta visibilidad y guantes. Trabajar en mantenimiento o limpieza sin botas de seguridad y sin protección ocular es una temeridad que el sector público no puede tutelar.

Mientras el chaleco cumple una función de visibilidad, el pie queda expuesto a aplastamientos y los ojos a proyecciones irreversibles. Un "EPI a medias" no es una protección parcial; es una negligencia total que genera una falsa sensación de seguridad en colectivos que, por su vulnerabilidad, tienen una baja percepción del riesgo.

Al preguntar por estas carencias, la respuesta de los técnicos municipales suele ser la misma: "falta de coordinación". Esta frase es un eufemismo para admitir una quiebra en la gestión. Pero aquí surge una duda aún más punzante: ¿Dónde está la protección sindical?

Resulta paradójico que, en entornos de gestión pública, exista este desamparo. La falta de fiscalización por parte de los comités de seguridad y salud sugiere que, para ciertos sindicatos, estos beneficiarios son "trabajadores de paso" que no merecen la misma energía combativa que el personal de plantilla.

Esta desatención impacta de forma distinta, pero igualmente grave, en cada colectivo prioritario. En los jóvenes menores de 30 años, cuya falta de experiencia suele ir acompañada de una baja percepción del peligro, trabajar sin el equipo completo supone normalizar hábitos inseguros que les cerrarán puertas en el futuro mercado laboral.

Por otro lado, para los desempleados de larga duración mayores de 45 años, cuya necesidad económica es extrema, la falta de calzado adecuado no es solo un riesgo de accidente inmediato, sino la posibilidad de una lesión crónica que suponga su salida definitiva y traumática del mundo del trabajo. Finalmente, en el caso de las mujeres víctimas de violencia, el mensaje es desolador: tras buscar autonomía y seguridad en el empleo, se ven revictimizadas al ser expuestas a entornos laborales negligentes donde su salud vuelve a quedar en segundo plano. La administración no puede escudarse en el desorden interno, ni los sindicatos en la temporalidad de los contratos, para desproteger a quienes ya vienen de situaciones de vulnerabilidad. Un contrato de inserción no es un contrato de segunda.

Los colectivos vulnerables no son mano de obra de segunda categoría para parchear deficiencias municipales. Si los Programas Integrales de Empleo pretenden ser una escuela de profesionalización, la seguridad debe ser la primera lección.

Ignorar la falta de botas o gafas bajo la excusa de "fallos de coordinación" o la pasividad sindical es una apuesta de riesgo donde el trabajador siempre lleva las de perder. Es hora de que los ayuntamientos y los representantes sociales entiendan que un chaleco reflectante no hace al trabajador invulnerable ni la temporalidad le quita sus derechos.

Domingo Rigüela Padrón es ciudadano de Telde y estudiante de Ciencias Ambientales.