
El Gobierno de Canarias ha aprobado la legalización territorial de tres explotaciones ganaderas, entre ellas una ubicada en Telde, dentro de un acuerdo adoptado este lunes en el Consejo de Gobierno. En conjunto, las instalaciones regularizadas suman 725 cabezas de ganado distribuidas también entre los municipios de Los Llanos de Aridane y Arico.
La autorización se tramita al amparo del procedimiento de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, que permite otorgar cobertura legal tanto a la actividad ganadera como a las edificaciones e instalaciones vinculadas a la misma. Las explotaciones regularizadas están dedicadas principalmente al ganado caprino, aunque una de ellas incluye también producción avícola.
Regularización de explotaciones en la legislatura
Según informó el Ejecutivo autonómico, con estas tres nuevas autorizaciones asciende a 36 el número total de explotaciones regularizadas desde el inicio de la legislatura. De acuerdo con el expediente elaborado por el Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, todas las instalaciones se encuentran inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).
Además, un estudio comparativo de fotografías aéreas incluido en informes técnicos de GMR Canarias confirma que las edificaciones analizadas son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias.
Obligaciones para completar el proceso
El acuerdo establece que los titulares de las explotaciones deberán ejecutar actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal como requisito para culminar el proceso de legalización. Estas intervenciones deberán realizarse en un plazo máximo de 18 meses, con posibilidad de prórroga adicional de hasta nueve meses.
Las autorizaciones forman parte de un plan autonómico dirigido a regularizar explotaciones anteriores a 1999 que han superado los trámites exigidos, un procedimiento que requiere la coordinación entre distintas administraciones públicas, incluidos los cabildos insulares y los ayuntamientos afectados.









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