El Comisionado de Transparencia de Canarias inicia la evaluación de las entidades públicas

El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias iniciará el próximo 30 de marzo de 2026 el proceso anual de evaluación del grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de más de 400 entidades públicas y corporaciones de derecho público del Archipiélago.

El plazo de carga y remisión de los cuestionarios de transparencia correspondientes a 2025 permanecerá abierto hasta el 26 de abril de 2026.

En esta evaluación se incorpora la nueva versión T-Canaria 3.0, que introduce mejoras significativas y sienta las bases para un futuro modelo de evaluación más sencillo, automático y permanente y tiene como objetivo analizar el nivel de cumplimiento de la normativa en materia de transparencia, así como impulsar una administración pública más abierta, accesible y comprometida con la ciudadanía.

Como paso previo al inicio del proceso, el Comisionado ha organizado jornadas formativas dirigidas a personal de las entidades públicas, con el fin de explicar el funcionamiento de la evaluación, resolver dudas y facilitar la correcta preparación de la información requerida.

Las jornadas se celebrarán en las siguientes fechas:
Gran Canaria: 25 de marzo, de 10:00 a 12:30 horas, en el Cabildo de Gran Canaria (modalidad presencial).

Tenerife: 26 de marzo, de 09:00 a 11:30 horas, en el Parlamento de Canarias (modalidad presencial y online).

Estas sesiones están dirigidas a profesionales responsables de transparencia en sus organizaciones y permitirán conocer en detalle los criterios, indicadores y metodología de evaluación.

El proceso culminará con la elaboración del correspondiente índice de transparencia, que recogerá las calificaciones obtenidas por cada entidad, contribuyendo a reforzar la rendición de cuentas y la mejora continua de las instituciones públicas.

El Comisionado recuerda la importancia de la participación de todas las entidades evaluadas, así como el papel clave de la transparencia como herramienta para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las administraciones públicas.