Ley Canaria de Montes: ¿Protección ambiental o certificado de defunción para el campo?

La sangre de nuestra tierra se tiñe de marrón. Las imágenes de estos días en los barrancos de Guiniguada y Telde no son solo el resultado de la lluvia de Therese; son el síntoma de una enfermedad crónica: el abandono. Ver el agua arrastrando toneladas de lodo hacia el mar no es un espectáculo de la naturaleza, es ver cómo nuestra soberanía alimentaria y nuestro suelo fértil —el que tardó siglos en formarse— se desvanece en el Atlántico en cuestión de horas.

Mientras esto ocurre en la costa, en las medianías y cumbres, el paisaje de San Mateo y las zonas altas nos devuelve un reflejo igual de amargo. Los bancales, esos muros de piedra seca que son el esqueleto de nuestra resiliencia, se desmoronan. Y lo hacen porque el campo se ha quedado solo.

En este contexto, el actual anteproyecto de la Ley Canaria de Montes se presenta como una paradoja dolorosa. Bajo un barniz de protección conservacionista y una gestión centralizada, la norma parece olvidar que el monte no se cuida solo desde un despacho en Las Palmas o Santa Cruz. El monte se cuida con el arado, con el pastoreo y con el mantenimiento de esos suelos agrícolas históricos que hoy se caen a pedazos.

Los colegios profesionales de ingenieros agrónomos y forestales lo han advertido en sus alegaciones: un modelo que no cuente con el sector primario es un modelo que fracasa. Si la ley pone "piedras en el camino" para recuperar un bancal o dificulta el pastoreo prescrito, lo que está haciendo en realidad es pavimentar la autopista para el próximo gran incendio y acelerar la erosión de nuestra isla.

Necesitamos que la ley deje de hablar en términos de "prohibición" y empiece a hablar de "gestión activa".

Debemos entender que la protección del monte no se logra con el abandono, sino con la actividad. El pastoreo prescrito debe reconocerse y remunerarse como una herramienta forestal profesional, ya que el ganadero que limpia el sotobosque ahorra millones en extinción de incendios y presta un servicio ambiental. Del mismo modo, la recuperación de la infraestructura verde —facilitar que los propietarios arreglen muros y bancales sin sufrir una odisea burocrática— debe ser una prioridad de emergencia climática, pues es la única forma de reconstruir ese paisaje en mosaico que actúa como un cortafuegos natural y frena el avance de las llamas.

Cuando la administración impone limitaciones por el bien común, no puede dejar la factura en manos del agricultor. Las compensaciones deben ser un deber, no una posibilidad remota.

Cuando el Guiniguada baja marrón, lo que perdemos no es solo agua; es la oportunidad de ser una isla autosuficiente. La nueva Ley de Montes tiene ante sí dos caminos: convertirse en un muro burocrático que acelere el abandono, o en la herramienta que devuelva la vida y la seguridad a nuestra cumbre.

No podemos permitirnos que la protección del paisaje sea la excusa para su desaparición. Por el bien de nuestro suelo y por la seguridad de quienes vivimos aquí, escuchen a los técnicos y, sobre todo, miren hacia los barrancos. La tierra nos está gritando que el tiempo de la gestión de despacho se ha terminado.

Domingo Rigüela Padrón es ciudadano de Telde y estudiante de Ciencias Ambientales.