El Cabildo de Gran Canaria ha resuelto estimar la solicitud de acceso a información pública presentada por la Asociación Cultural Ecologista Turcón sobre los residuos generados por las jaulas marinas instaladas frente a la costa de Telde, una decisión adoptada pese a la oposición manifestada por la empresa acuícola Aquanaria durante la tramitación del expediente.
La petición fue presentada el 9 de enero de 2026 por Consuelo Jorges López, en representación del colectivo ecologista, con el objetivo de conocer las toneladas de residuos SANDACH (subproductos animales no destinados al consumo humano) generados por las piscifactorías y depositados en los complejos ambientales del Salto del Negro y Juan Grande durante el segundo semestre de 2025.
La solicitud se refería concretamente a los residuos procedentes de las empresas Aquanaria S.L. y Canarias de Explotaciones Marinas (Geremar/Canexmar), responsables de las instalaciones acuícolas ubicadas frente al litoral teldense.
Episodios de contaminación en la costa
En el escrito presentado ante el Cabildo, Turcón recordaba que las playas de Melenara, Salinetas y Clavellinas permanecieron cerradas durante más de dos meses debido a episodios continuados de contaminación orgánica vinculados a las jaulas marinas situadas en la bahía.
Según expuso el colectivo ecologista, en esos periodos de calma marítima se acumulan en la orilla restos orgánicos en descomposición, excrementos de peces, restos de piensos y una película grasa en la superficie del agua, un fenómeno que, sostienen, se repite cada año.
Ante esta situación, la organización solicitó conocer la cantidad exacta de residuos retirados y trasladados a los complejos medioambientales insulares, con el objetivo de disponer de datos oficiales sobre la gestión de los restos procedentes de la actividad acuícola.
La oposición de Aquanaria
Durante la tramitación del expediente, el Cabildo consultó a las empresas afectadas, momento en el que solo Aquanaria manifestó su oposición a facilitar la información solicitada, argumentando que la divulgación de esos datos podría afectar a derechos o intereses empresariales vinculados a la actividad de la compañía.
La empresa planteó, en esencia, que el acceso a esa información podría comprometer aspectos relacionados con la protección de datos empresariales o industriales, una alegación que fue analizada por los servicios jurídicos del Cabildo.
Sin embargo, la resolución final del Cabildo concluye que la actividad de Aquanaria se desarrolla en dominio público y está sujeta a evaluación ambiental, por lo que no resulta procedente limitar el acceso a la información por motivos de propiedad intelectual o industrial.
Prevalece el derecho a la información pública
En base a estos argumentos, la Consejería de Administración Pública y Transparencia del Cabildo resolvió estimar la solicitud presentada por Turcón y permitir el acceso a los datos requeridos, en aplicación de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública.
No obstante, el acuerdo establece que la entrega efectiva de la información se producirá una vez transcurra el plazo legal para que las empresas afectadas puedan recurrir la resolución, o en caso de que dicho recurso sea desestimado por la justicia.
La resolución, firmada el 13 de marzo de 2026, pone fin a la vía administrativa, aunque las partes interesadas podrán presentar reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Canarias o recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.
Un debate ambiental abierto en la costa de Telde
La decisión del Cabildo se produce en un contexto de creciente debate sobre el impacto ambiental de las piscifactorías en la bahía de Telde, una cuestión que ha generado controversia durante años entre colectivos ecologistas, vecinos del litoral y administraciones públicas.
Con esta resolución, el Cabildo abre la puerta a conocer datos concretos sobre la gestión de los residuos generados por la actividad acuícola, información que podría aportar mayor claridad sobre uno de los asuntos ambientales más sensibles del litoral teldense.
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