Las guerras y las tensiones internacionales siempre parecen lejanas hasta que empiezan a sentirse en la vida cotidiana de la gente. Entonces llegan los efectos: sube la energía, se encarece el transporte, aumenta el precio de los fertilizantes y, finalmente, lo que acaba encareciéndose es algo tan básico como la comida.
La escalada de confrontación internacional impulsada por líderes como Donald Trump o Benjamin Netanyahu vuelve a recordarnos una realidad incómoda: cuando el mundo entra en conflicto, los territorios más dependientes son los primeros en sufrir las consecuencias.
Y si hay un pueblo que conoce bien lo que significa la dependencia, ese es el pueblo canario.
Canarias es un archipiélago atlántico con una larga tradición agrícola y pesquera, pero que hoy importa la mayor parte de los alimentos que consume. Nuestra seguridad alimentaria depende de barcos, de mercados internacionales y de decisiones geopolíticas tomadas muy lejos de nuestras islas. Cuando el mundo se tambalea, esa dependencia se convierte en vulnerabilidad.
Por eso la soberanía alimentaria no es una consigna ni un debate teórico: para Canarias es una cuestión de supervivencia colectiva y de dignidad como pueblo.
Hablar de soberanía alimentaria significa recuperar la capacidad de decidir sobre algo tan esencial como es lo que comemos. Significa proteger nuestra tierra agrícola, defender nuestras medianías, apoyar a las personas agricultoras, ganaderas y pescadoras, y apostar por un modelo económico que no renuncie a producir riqueza desde nuestro propio territorio.
Durante demasiado tiempo se ha querido hacer creer que el futuro de Canarias pasaba exclusivamente por el turismo. Sin duda, el turismo es un pilar fundamental de nuestra economía. Pero ningún pueblo puede construir su futuro renunciando a su tierra y a su capacidad de alimentarse.
Sin campo no hay país.
En Gran Canaria se ha empezado a comprender esta realidad. En los últimos años el Cabildo ha impulsado políticas públicas orientadas a reforzar el sector primario y a recuperar capacidad productiva en la isla.
Un ejemplo claro es el Programa Insular de Fomento del Forraje, que busca producir en la isla alimento para el ganado y reducir la dependencia de importaciones. Gracias a esta iniciativa se han recuperado más de cien hectáreas de cultivo destinadas al forraje y actualmente se producen alrededor de 9.000 toneladas anuales para alimentar la cabaña ganadera local.
Esta estrategia no solo fortalece la ganadería. También recupera una lógica histórica de nuestra agricultura, en la que el campo y el ganado formaban parte de un mismo equilibrio productivo profundamente adaptado a la realidad insular.
A ello se suma el Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, que plantea medidas para avanzar hacia la soberanía alimentaria: bancos de tierras para recuperar suelo agrícola abandonado, apoyo al relevo generacional en el campo, formación especializada y fortalecimiento de las redes entre personas agricultoras, ganaderas y pescadoras.
El compromiso también se refleja en los recursos públicos. El Cabildo ha destinado más de siete millones de euros en ayudas directas al campo, la ganadería y la pesca, además de convocatorias específicas para modernizar explotaciones agrícolas y mejorar la viabilidad económica del sector.
Pero en una isla la soberanía alimentaria no puede entenderse sin hablar también de energía y agua.
En ese sentido, el proyecto del Salto de Chira representa una infraestructura estratégica para el futuro de Gran Canaria. Este sistema permitirá almacenar energía renovable, estabilizar el sistema eléctrico de la isla y reducir la dependencia de combustibles fósiles.
En un territorio donde el agua depende en gran medida de desaladoras y sistemas de bombeo, garantizar energía renovable y estable también significa garantizar agua para la agricultura. Y sin agua, sencillamente, no hay campo posible.
Por eso el futuro de Canarias pasa por entender que soberanía energética, soberanía hídrica y soberanía alimentaria forman parte de la misma lucha: la lucha por construir un país más autónomo, más resiliente y más justo.
Cada kilo de papas que se cultiva en nuestras medianías, cada queso elaborado en nuestras queserías, cada pescado que llega de nuestras costas es también un pequeño acto de afirmación colectiva.
El sector primario no solo produce alimentos. Mantiene vivo el territorio, fija población en el medio rural, conserva paisajes que forman parte de nuestra identidad y preserva saberes que han acompañado al pueblo canario durante siglos.
Las crisis internacionales deberían servirnos para recuperar una idea sencilla que nuestros mayores siempre tuvieron clara: la tierra es libertad.
Canarias necesita volver a creer en su campo, en su mar y en su gente.
Porque en un mundo cada vez más incierto, defender la soberanía alimentaria es también defender el derecho del pueblo canario a decidir su propio futuro.
Diego Fernando Ojeda Ramos fue concejal del Ayuntamiento de Telde y actualmente es asesor en la Consejería del sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo Insular de Gran Canaria.


























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