Canarias sustituye el sorteo por baremación en la vivienda pública

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado el nuevo decreto regulador del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y del régimen de adjudicación de viviendas de promoción pública, una norma que introduce cambios relevantes en el sistema de acceso a la vivienda pública en el Archipiélago.

La medida, impulsada por el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, el teldense Pablo Rodríguez, sustituye el anterior modelo de adjudicación basado en sorteos por un sistema de baremación objetiva, sustentado en criterios sociales, económicos y familiares de las personas solicitantes.

Un sistema más transparente

Con esta reforma normativa, el Ejecutivo autonómico pretende reforzar los principios de equidad, transparencia y seguridad jurídica, garantizando que la adjudicación de las viviendas se realice conforme a parámetros verificables y ajustados a la situación real de cada unidad de convivencia.

El nuevo modelo establece una valoración objetiva de los solicitantes, priorizando a quienes presentan mayores necesidades sociales o económicas.

Inscripción más sencilla

Otra de las novedades del decreto es la simplificación del proceso de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.

A partir de ahora, el sistema elimina la necesidad de cita previa y de acudir presencialmente, sustituyéndolo por un formulario telemático que podrá completarse mediante una declaración responsable, en la que el solicitante indicará que cumple los requisitos exigidos.

Esta modificación permitirá agilizar los trámites administrativos y facilitar el acceso al registro, reduciendo los tiempos de gestión para los ciudadanos.

Más requisitos de arraigo

El nuevo decreto también refuerza los requisitos de residencia y arraigo en Canarias para poder acceder a una vivienda pública.

Entre las condiciones establecidas se encuentra ser mayor de edad o menor emancipado, estar inscrito en el Registro de Demandantes y acreditar una residencia en Canarias de al menos doce años de forma ininterrumpida, o quince años en caso de residencia discontinua.

Además, se exigirá haber residido o trabajado durante al menos cinco años en el municipio donde se ubique la promoción, antes de la publicación del procedimiento de adjudicación.

Este requisito no se aplicará a víctimas de violencia de género cuando la situación sufrida haya impedido su permanencia en el municipio de residencia habitual.

Más reservas para colectivos prioritarios

El decreto también amplía y consolida los cupos de reserva para colectivos prioritarios, reforzando el carácter social del sistema público de vivienda.

Entre las reservas establecidas se incluyen:

• 10% de las viviendas para personas con limitaciones funcionales graves o totales en movilidad o comunicación.

• 20% para jóvenes de hasta 35 años.

• 10% para personas de 65 años o más.

• 8% para víctimas de violencia de género.

• Hasta un 1% para personas emigrantes retornadas.

Con esta actualización normativa, el Gobierno de Canarias busca consolidar un sistema de adjudicación más justo, transparente y orientado a garantizar el derecho a la vivienda, priorizando a quienes acreditan mayor arraigo en el territorio y una situación social más vulnerable.