La Plataforma por un Mar Limpio ha elevado el tono contra el Gobierno de Canarias y reclama la intervención de la Fiscalía ante lo que califica como una “grave falta de rigor, transparencia y responsabilidad” en la gestión de la actividad acuícola en la bahía de Telde.
El colectivo vecinal y ecologista sostiene que la reciente reunión mantenida con el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y el director general de Pesca no aportó aclaraciones sustanciales y, por el contrario, confirmó —según denuncian— que la ciudadanía fue inducida a error con anuncios institucionales que no se corresponden con la realidad administrativa.
Un “cese” que no existe
La Plataforma recuerda que el 12 de febrero de 2026 el Ejecutivo autonómico difundió públicamente que en mayo de 2025 se había acordado el cese de la actividad acuícola en Telde. Sin embargo, en la reunión celebrada esta semana se reconoció que dicho acuerdo afecta únicamente a la concesión Melenara II y que, además, no tiene carácter vinculante.
Según el colectivo, la propia administración admitió que carece de competencias para obligar a la empresa al desmantelamiento, lo que, a su juicio, deja el supuesto “cese” anunciado reducido a un titular sin efectos jurídicos ni planificación real. La Plataforma considera que el anuncio fue difundido días antes de una manifestación ciudadana y lo interpreta como una “maniobra comunicativa” que trivializa un problema ambiental de gran magnitud.
Melenara II en zona prohibida
Uno de los puntos que más preocupa al colectivo es la situación de la concesión Melenara II, que —según exponen— opera en una Zona Prohibida para la Acuicultura, a unos 355 metros de la playa. La empresa estaba obligada a desmantelar progresivamente la antigua instalación, pero años después la administración reconoce no conocer el estado exacto del proceso.
Para la Plataforma, esta admisión evidencia que el cumplimiento depende exclusivamente de la voluntad empresarial, sin control público efectivo. “La salud del litoral queda sometida a intereses privados”, advierten.
Falta de datos y expedientes incompletos
La crítica se extiende a la falta de información técnica. Según el colectivo, ninguno de los representantes institucionales fue capaz de precisar las toneladas autorizadas en cada concesión, ni se ha facilitado el expediente completo de Aquanaria Origen, pese a tratarse —afirman— de un procedimiento cerrado y anterior al episodio de mortandad masiva.
La administración, sostienen, se ampara en un supuesto secreto fiscal para denegar el acceso a documentación que consideran esencial para la ciudadanía, al afectar directamente al medio marino y a la salud pública.
Mortandad masiva y dudas sin resolver
En relación con la mortandad masiva de octubre de 2025, la Plataforma habla de “descoordinación inaceptable”. Denuncia versiones contradictorias sobre la existencia de un plan de contingencia y cuestiona que solo se hayan registrado 600 toneladas retiradas cuando las estimaciones iniciales apuntaban a cifras muy superiores.
Asimismo, critican que se niegue la existencia de descomposición en el mar sin aportar datos verificables que respalden esa afirmación.
Exigencias y advertencia a la Fiscalía
Ante este escenario, la Plataforma por un Mar Limpio exige al Gobierno de Canarias que aclare públicamente el alcance real del acuerdo anunciado, obligue al desmantelamiento de Melenara II, garantice el acceso completo a los expedientes, establezca protocolos efectivos de contingencia y refuerce la vigilancia de las concesiones acuícolas.
El colectivo sostiene que la costa de Telde no puede depender “de la voluntad de una empresa ni de anuncios vacíos” y afirma que la ciudadanía merece “verdad, control y legalidad”.
En este contexto, la Plataforma espera que la Fiscalía “actúe con firmeza” ante lo que consideran una inacción institucional mientras las playas del municipio, aseguran, continúan afectadas por episodios de contaminación.
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