El Comisionado refuerza el control y la cultura de la transparencia en el ámbito sindical

La Comisionada de Transparencia de Canarias, Noelia García, intervino en las jornadas formativas organizadas por CCOO Tenerife, donde abordó el papel de la transparencia en el fortalecimiento de la participación institucional y en la garantía del derecho de acceso a la información pública.

Durante su intervención, explicó el funcionamiento del Comisionado de Transparencia de Canarias, detallando sus competencias, el procedimiento de reclamaciones en materia de acceso a la información pública y su papel como órgano garante de este derecho.

En el marco de la jornada, la comisionada recordó que las organizaciones sindicales están sujetas a alrededor de una veintena de obligaciones de transparencia y destacó que, por primera vez en Canarias, estas han sido objeto de evaluación específica del Comisionado.

Asimismo, señaló que en el último proceso de evaluación fueron analizadas más de 400 entidades públicas del Archipiélago, en un ejercicio que permite medir el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y reforzar la cultura de la transparencia en el conjunto del sector público.

En relación con el derecho de acceso a la información pública, la comisionada subrayó que ostentar la condición de sindicalista implica un derecho reforzado cuando la información solicitada resulta necesaria para el ejercicio de funciones de representación y defensa de los trabajadores.

Desde la creación del Comisionado, se han dictado más de 4 mil resoluciones en materia de acceso a la información pública, de las cuales cerca de 900 corresponden al pasado año. Muchas de estas reclamaciones están vinculadas a procesos selectivos, contrataciones públicas, prestación de servicios públicos y otros asuntos de especial interés ciudadano.

La participación en estas jornadas se enmarca en la línea de colaboración y divulgación que desarrolla el Comisionado con colectivos e instituciones, con el objetivo de fortalecer la participación institucional, garantizar el derecho de acceso a la información y consolidar una administración cada vez más abierta y responsable ante la ciudadanía.