Debate caliente en el Pleno por el control de accesos y regularización de inmigrantes

El Pleno municipal vivió este viernes un debate tenso y largo después de que el grupo municipal de Vox presentara dos mociones que proponían, por un lado, regular el acceso a las dependencias municipales para impedir la entrada con el rostro total o parcialmente oculto —citando expresamente prendas como el niqab o el burka— y, por otro, rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España.

Ambas iniciativas solo obtuvieron el voto a favor de la portavoz proponente, la concejala Esmeralda Cabrera, y fueron rechazadas tras la votación.

Propuestas de Vox
La primera moción planteaba encargar a los servicios jurídicos municipales la redacción de un reglamento que imponga “la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad”, aplicable “con carácter general y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda”. El texto proponía prohibir el acceso a dependencias municipales a quienes oculten total o parcialmente el rostro.

La segunda moción manifestaba el rechazo de Vox a la regularización extraordinaria de inmigrantes anunciada por el Ejecutivo central —una medida que, según la formación, podría afectar a cientos de miles de personas— y reclamaba, entre otras medidas, auditorías de las concesiones de nacionalidad, deportaciones en determinados supuestos, prioridad nacional en el acceso a ayudas y servicios, y la eliminación de subvenciones a ONG que, a juicio del grupo, faciliten la inmigración irregular.

Votación y apoyos
En la sesión, el Partido Popular (PP) decidió abstenerse en ambas mociones —tras no admitir cambios propuestos en el pleno— mientras que el resto del gobierno municipal (Ciuca, Coalición Canaria y Más por Telde) votó en contra. La oposición (Nueva Canarias, PSOE y los ediles no adscritos) también rechazó las iniciativas. Con estas mayorías, las propuestas quedaron rechazadas.

Argumentos y contrapuntos
Durante el debate, el portavoz del PP, Iván Sánchez, trasladó a la moción su afinidad en el fondo con la preocupación por la identificación y la seguridad, pero subrayó la necesidad de fundamentos jurídicos y cambios normativos (mencionó artículos de la Ley de Bases) para que esa regulación pudiera aplicarse de forma eficaz y constitucional. Sánchez abrió la puerta a acuerdos si la propuesta se adaptaba desde el punto de vista legal.

La concejala de Vox, Esmeralda Cabrera, defendió la iniciativa como una respuesta a “emergencias” en materia de seguridad y servicios, y rechazó en bloque las modificaciones propuestas por el PP, manteniendo la redacción original de sus mociones.

Por su parte, portavoces de Nueva Canarias y del PSOE defendieron la visión opuesta: rechazaron la retórica que, a su juicio, busca generar alarma social y estigmatizar a colectivos. Los representantes de la izquierda municipal insistieron en la necesidad de abordar la migración desde la justicia social, la planificación y la integración, y recordaron que las competencias en materia migratoria corresponden al Estado, no a lo municipal. Asimismo, se aludió al riesgo de vulnerar derechos fundamentales si se aprobara una ordenanza local en los términos planteados.

El alcalde, Juan Antonio Peña, advirtió sobre precedentes judiciales —recordó una sentencia del Tribunal Supremo que anuló una ordenanza municipal similar— y subrayó que aprobar propuestas sin respaldo jurídico solo causaría “falsa esperanza” a la ciudadanía, porque podrían ser posteriormente recurridas y anuladas.

Reclamaciones de Vox y repercusiones
Además de las peticiones concretas sobre control de acceso y políticas migratorias, Vox pidió que el Ayuntamiento manifieste su rechazo a cualquier política que incremente la inmigración en el actual contexto de “saturación” de servicios, y planteó la eliminación de ayudas sociales no humanitarias a inmigrantes hasta su repatriación en determinados supuestos. Esas propuestas fueron calificadas por varios grupos como inasumibles y contrarias a principios de derechos y convivencia.

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