Canarias experimenta la mayor subida porcentual de ejecución presupuestaria de los últimos cuatro años

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha presentado en el Consejo de Gobierno, celebrado en el día de hoy, un avance de la ejecución presupuestaria de 2025. En base a los datos comunicados por la Intervención General de la CAC al Ministerio de Hacienda, y a falta de los ajustes definitivos en términos del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), el Gobierno de Canarias se ha ajustado a las previsiones, lo que ha permitido aprovechar los recursos disponibles ajustándose a los objetivos fijados y la normativa vigente.

Con un crédito definitivo ajustado para 2025 de 13.814 millones de euros, y teniendo como prioridad el mantenimiento del estado del bienestar, las obligaciones no financieras han pasado de 11.350 millones a 12.145 millones de euros, con un nivel de ejecución al cierre del ejercicio 2025 del 92,6% de obligaciones reconocidas sobre el crédito definitivo frente al 89,8% del 2024. Este incremento porcentual es la mayor de los últimos cuatro años.

En términos absolutos, por capítulos, descontando el efecto del MRR, las operaciones no financieras crecen 673,7 millones de euros con respecto a 2024. En cuanto a las obligaciones corrientes, con MRR, se mantiene el ritmo de ejecución alrededor del 97% anual. Por su parte, el porcentaje de ejecución de las operaciones de capital es del 68,6%, lo que supone una mejora significativa sobre el nivel de 2024, situándose también ligeramente por encima de los años 2022 y 2023.

Gastos consolidados por capítulos

Al desglosarlo sin MRR, se observa que las operaciones corrientes crecen 555 millones hasta alcanzar los 10.596,4 millones de euros. Esto se debe al crecimiento de 293,4 millones del capítulo de gastos de personal que asciende hasta los 4.778.6 millones de euros; al incremento de 160 millones que experimentan los gastos corrientes en bienes y servicios hasta reconocerse un total de 2.056,3 millones de euros; la subida en los gastos financieros de 4,3 millones hasta los 107,5 millones de euros, y al crecimiento del capítulo de transferencias corrientes, que aumenta 97,4 millones, hasta alcanzar los 3.653,9 millones de euros.

Por su parte, también sin MRR, las operaciones de capital crecen en 118,7 millones, lo que da una cifra total de 1.235,2 millones de euros. Este incremento se explica por el crecimiento de 77,9 millones en inversiones reales (hasta los 585,2 millones), motivado por el incremento inversor del Servicio Canario de la Salud y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Las transferencias de capital también crecen en 40,8 millones hasta alcanzar los 650 millones de euros por el incremento del FDCAN (en la sección de Diversas Consejerías) y por el incremento de las transferencias en Transición Ecológica y Energía.

En términos porcentuales, sin MRR, el mayor incremento de las operaciones no financieras se da en el capítulo VI (15,3%), seguido del capítulo II (8,4%), capítulo VII (6,7%), capítulo I (6,5%), capítulo III (4,1%) y capítulo IV (2,7%).

Efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Descontando el efecto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el gasto en operaciones no financieras se ve incrementado en un 6% frente al 7% que se desprende al contar el efecto del MRR.

Por secciones, en términos cuantitativos, el gasto en operaciones no financieras, descontando el MRR, creció en 673,7 millones de euros. Las que presentaron un mayor crecimiento fueron el Servicio Canario de Salud, con 369,8 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, con 112,5 millones; Diversas consejerías con un crecimiento de 72 millones, y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias con 71 millones de euros.

En cuantías globales, las mayores ejecuciones las presentó el Servicio Canario de Salud con 4.909 millones, seguido de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes con 2.197 millones y Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias con 914 millones de euros.

Ingresos

Con respecto a la previsión de ingresos en 2025 se han reconocido derechos netos por importe de 11.936 millones de euros, lo que supone un incremento en 198,2 millones de euros y representa un 1,7% adicional a la previsión realizada en la elaboración de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria para 2026.

Si se comparan los derechos reconocidos netos del ejercicio 2024-2025, se observa que crecen en 37,3 millones de euros, lo que supone un incremento de un 0,29% sobre los derechos reconocidos en el ejercicio anterior 2024.

La disminución de los derechos reconocidos en las transferencias de capital se corresponde con el convenio de carreteras, que pasó de 282 a 176 millones de euros, y a una menor certificación de fondos europeos al final del ejercicio, tanto en lo que respecta a las previsiones iniciales como a las realizadas en el último trimestre, donde redujo en 84,7 millones de euros. Este importe se certificará en 2026.

Resultado presupuestario

Vistos los gastos e ingresos, y como resumen en relación con la última estimación realizada de cierre del ejercicio 2025 para el presupuesto 2026, los ingresos superaron en un 1,1% la estimación realizada y los gastos lo hicieron en un 0,9%. El efecto conjunto de estas variaciones provoca que la estimación de saldo presupuestario realizado por importe negativo de -224,4 millones de euros, finalmente se situara en -209 millones de euros.

Deuda pública

En cuanto a la deuda pública, y pendientes de la publicación de los datos oficiales del Banco de España, la estimación a cierre de 2025 del endeudamiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, se situará en 6.625 millones de euros, lo que implica una mejora en la ratio de deuda pública sobre PIB con respecto al cierre de 2024, de 11,3 a 10,8 por ciento; es decir, por debajo del 13% que marca como referencia la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).

En términos de deuda por habitante, Canarias presenta la mejor métrica respecto al resto de comunidades autónomas, 2.923,9 euros, frente a una media de 6.907,1 euros sobre el PIB. Asimismo, el porcentaje de deuda sobre ingresos corrientes de la CAC al tercer trimestre del ejercicio 2025 es de 61,5 por ciento, muy por debajo del nivel de 175 por ciento que las agencias de rating consideran como una situación de sobreendeudamiento, nivel que sobrepasan comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia.

El Gobierno inicia la elaboración del proyecto de ley de Gestión del Litoral y las Costas de Canarias 

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha informado este lunes al Consejo de Gobierno sobre los objetivos y los principios generales que inspiran la iniciativa legislativa que está impulsando su departamento, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, para contar con una norma que regule la gestión territorial costera. 

La propuesta se enmarca en el Programa Legislativo de la XI Legislatura (2023-2027) y responde al mandato recogido en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de ordenación y gestión del litoral, respetando el régimen general del dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa tiene como finalidad adaptar el marco estatal básico en materia de costas a las singularidades del archipiélago, tras el traspaso efectivo de medios y servicios en 2023. Hasta ahora, la gestión se ha venido desarrollando conforme a la normativa estatal, sin una adecuación específica a la realidad territorial, ambiental y socioeconómica de las islas. Con esta futura ley, el Ejecutivo pretende dotarse de un instrumento jurídico propio que armonice el desarrollo económico y social con la preservación de los recursos naturales y los ecosistemas marinos, garantizando niveles de presión compatibles con la salud ambiental del litoral.

El litoral canario, que se extiende a lo largo de 1.126 kilómetros y presenta una configuración discontinua propia de un territorio archipielágico, concentra una parte esencial de la población residente y de las principales actividades económicas, especialmente las vinculadas al turismo. Al mismo tiempo, alberga una biodiversidad marina de gran valor y fragilidad, lo que exige una gestión diferenciada y cercana al territorio.

El objetivo de la futura norma es concretar y adaptar las determinaciones de la legislación básica estatal a la realidad insular, integrar plenamente la ordenación del litoral en la planificación ambiental, territorial y urbanística de Canarias y establecer un marco competencial y procedimental claro que refuerce la seguridad jurídica. Todo ello desde la premisa de alcanzar un equilibrio efectivo entre la protección ambiental y el mantenimiento de las actividades sociales y económicas que históricamente se desarrollan en la costa, en un contexto insular donde no resulta viable desplazar de forma generalizada dichas actividades hacia el interior.

La ley se inspirará en los principios de desarrollo sostenible, gestión integrada del litoral, conservación prioritaria de los ecosistemas costeros, adaptación al cambio climático, participación ciudadana y consideración de la mejor evidencia científica disponible. Asimismo, atenderá al adecuado reparto de competencias entre la Administración autonómica, los cabildos insulares y los ayuntamientos, garantizando una ordenación coherente de un espacio territorial que, aun siendo insular y discontinuo, requiere una visión integral y coordinada.

Con la toma en consideración por parte del Consejo de Gobierno, se inicia formalmente el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de ley, con el objetivo de que Canarias disponga de un marco normativo propio que permita ejercer plenamente sus competencias en materia de ordenación y gestión del litoral desde la cercanía institucional y la responsabilidad ambiental.

El Gobierno canario legaliza cuatro explotaciones con un total de 2.446 cabezas de ganado

El Consejo de Gobierno ha acordado hoy lunes, 23 de febrero, la legalización territorial de cuatro explotaciones, que suman en total 2.446 cabezas de ganado, en los municipios de de Antigua (Fuerteventura), San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), y Teguise (Lanzarote). De acuerdo a la aplicación del procedimiento previsto en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo en Canarias, se concede autorización a la actividad y a las correspondientes edificaciones e instalaciones.

Esta medida supone un nuevo avance en el proceso de reactivación de las regularizaciones impulsado por la Dirección General de Ganadería y afecta a cuatro instalaciones dedicadas principalmente a la producción de leche para la elaboración de lácteos, pero también a la cría y reproducción, con un censo que, en el conjunto de las cuatro explotaciones autorizadas, abarca 2.416 cabras, catorce caballos, doce vacas, tres ovejas y un burro.

Tal y como recoge el expediente del Servicio de Industrias, Registros y Bienestar Animal, las cuatro instalaciones se encuentran en situación de alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), y tal y como refleja el estudio comparativo de fotografías aéreas contenido en el informe realizado por GMR Canarias, sus edificaciones son posteriores a la entrada en vigor de la Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias, de manera que resulta aplicable la disposición final tercera de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Según recoge la normativa, el Gobierno, a propuesta de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y de conformidad con los departamentos con competencias en ordenación del territorio y de medioambiente, podrá acordar la legalización territorial y ambiental de las edificaciones e instalaciones ganaderas, actualmente en explotación, que hubiesen sido ejecutadas, sin los correspondientes títulos administrativos, con anterioridad a la entrada en vigor de la citada Ley de Ordenación del Territorio en Canarias.

Además, el acuerdo del Consejo de Gobierno establece las actuaciones de carácter sanitario, ambiental, funcional, estético y de bienestar animal que deberán ejecutarse como requisito para la legalización en el plazo de dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de la notificación, que podrán prorrogarse por nueve meses adicionales.

Las referidas autorizaciones se enmarcan en un plan de regularización del Ejecutivo canario para explotaciones ejecutadas antes de 1999 que hayan superado una serie de trámites. En este sentido, la tramitación implica tanto a los respectivos cabildos como a los ayuntamientos donde se localice la explotación, así como otras administraciones públicas, entre ellas Dirección General de Protección de la Naturaleza o la Dirección General de Ordenación del Territorio.

Pino de León, nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado en la sesión de este lunes, 23 de febrero, celebrada en Las Palmas de Gran Canaria, el nombramiento de Pino de León como nueva directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

De León asume la dirección del organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, del que ya fue responsable en el periodo 2017-2019, con el objetivo de reforzar la gestión del parque público, impulsar las promociones en marcha y consolidar la ejecución de los programas vinculados al Plan de Vivienda de Canarias.

Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna, cuenta con un Máster Universitario en Urbanismo y Ordenación Territorial por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con el Diploma de Técnica Urbanista del Instituto Nacional de Administración Pública.

Desde agosto de 2023, ejercía como directora del Instituto Canario de Administración Pública, dependiente de la Consejería de Presidencia. Con anterioridad, desempeñó el cargo de directora adjunta del Servicio Jurídico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife entre abril de 2022 y agosto de 2023. Entre enero de 2017 y septiembre de 2019 ya estuvo al frente del Instituto Canario de la Vivienda, etapa en la que impulsó distintas actuaciones en materia de promoción pública y gestión del parque público de vivienda.

Su experiencia institucional se completa con responsabilidades políticas en el Cabildo Insular de Tenerife, donde fue consejera del Área de Planificación Territorial entre 2007 y 2015 y consejera del Área de Cooperación Municipal y Vivienda entre 2003 y 2007.

Funcionaria de carrera de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores, Escala de Administradores Generales, Subgrupo A1, ha ocupado distintos puestos de responsabilidad técnica, entre ellos la jefatura del Servicio de Patrimonio y Parque Móvil de la Dirección General de Patrimonio y Contratación de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, jefa del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. También asumió responsabilidades como jefa de Servicio de la Dirección General de Juventud de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, jefa de sección de Planificación en la Dirección General de Infraestructura Turística, así como jefa de sección de Coordinación presupuestaria de la Dirección General de Industria y Energía y asumió diferentes responsabilidades en la Dirección General de Vivienda, tanto como jefa de sección en la unidad de apoyo al director general como en etapas anteriores de su carrera administrativa.

Inició su trayectoria profesional como funcionaria interina en el Servicio de Defensa Jurídica y Cooperación Jurídica Municipal del Cabildo Insular de Tenerife.

Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias refuerza la dirección del ICAVI con un perfil de acreditada solvencia técnica, conocimiento institucional y experiencia directa en la gestión de políticas de vivienda.

El Consejo de Gobierno nombra a Gustavo Pérez nuevo director del ICAP

El Consejo de Gobierno ha nombrado este lunes a Gustavo Pérez Martín como nuevo director del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) en sustitución de Pino de León Hernández, que pasa a ocupar la dirección del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), nombramiento que también se ha hecho efectivo.

Gustavo Pérez es técnico especialista en Formación Profesional de Segundo Grado en Comercio Exterior y técnico en Marketing. A lo largo de su trayectoria profesional ha ejercido como docente, gerente comercial y gestor sociocultural. Entre los años 2013 y 2021 fue teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Güímar y, de julio de 2021 y agosto de 2025, alcalde de este municipio tinerfeño.