Turcón lleva a Anticorrupción multas prescritas por 17 millones

En un comunicado remitido a TELDEACTUALIDAD, el colectivo subraya que, según el último informe oficial de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Ejecutivo autonómico ha dejado de cobrar más de 17,2 millones de euros en sanciones. "A lo largo de los últimos años, la imposición de sanciones a empresas y particulares, en relación con infracciones ambientales y urbanísticas, han fracasado. Muchas de esas multas han prescrito o están en riesgo de prescripción por falta de seguimiento y ejecución. Esto supone una pérdida directa de dinero público, que por ley debía destinarse a la protección, restauración y mejora del medio natural en Canarias", señala el colectivo ecologista.

 
La Audiencia de Cuentas aprecia “deficiencias graves y reiteradas en la gestión de las sanciones: anulaciones improcedentes y cancelaciones injustificadas, pagos indebidos y ausencia sistemática de control del proceso recaudatorio, con indicios claros de perjuicio al erario público”, expone Turcón.

 
La entidad ecologista denuncia y subraya "la falta sistemática de cobro de las sanciones y nula efectividad del sistema sancionador, lo que propicia una impunidad de los infractores y permite que las multas se acumulen sin ejecutarse ni se adopten medidas de restitución de la legalidad vulnerada, con graves consecuencias para el territorio y el medio ambiente canario".

 
“No estamos ante errores puntuales, sino ante un problema estructural sostenido durante años. Se pierden millones de euros, no se restaura el daño ambiental y se transmite un mensaje de impunidad. Esto es un fracaso político, directivo, ejecutivo y administrativo a la vez, en la servidumbre de la dejación de funciones, y otras consideraciones delictivas como: administración desleal del patrimonio público, prevaricación administrativa por omisión y malversación en su modalidad de gestión desleal; por todo ello, hemos solicitado al Ministerio Fiscal inicie sus investigaciones pormenorizadas”, asevera Turcón.

 
Para el colectivo ecologista, "este escándalo y una falta de ejecución de sanciones, la impunidad de infractores y el deterioro continuado del territorio reflejan una gestión estructural deficiente, en la que no se prioriza la protección de los valores naturales de Canarias".