Dos sindicatos piden subir el plus de residencia a los sanitarios

Asamblea 7 Islas y el Sindicato Médico de Canarias (CESM) piden incluir en el Decreto Canarias, promovido por el Ejecutivo regional, "un fondo estatal estable y finalista" para costear las necesidades financieras de la sanidad de las islas y que incluya una subida del pus de residencia que cobran sus profesionales.

En un comunicado, ambas organizaciones explican que han remitido al Gobierno autonómico un documento elaborado al hilo del decreto canario que, entre otras cosas, "aborda una reivindicación histórica: la revisión del plus de residencia que perciben los profesionales sanitarios en Canarias".

Demanda que se concretaría en "equiparar el plus de residencia de las islas capitalinas con el de las islas menores y el de las islas menores con el que perciben Ceuta y Melilla", apostillan.

Asamblea 7 Islas y Sindicato Médico Canario apuntan, en todo caso, que, en su propuesta, "la principal reivindicación es la creación de un fondo estatal estable y finalista destinado a infraestructuras hospitalarias, Atención Primaria y red de residencias sociosanitarias, en reconocimiento a la condición de Canarias como región ultraperiférica y fragmentada territorialmente".

Argumentando que "el fondo estatal permitiría, en infraestructuras hospitalarias y Atención Primaria, la construcción y ampliación de los centros sanitarios, reforzar la Atención Primaria como eje vertebrador del sistema sanitario", teniendo en cuenta -aducen- que "el envejecimiento poblacional y el aumento de la población flotante turística incrementan la demanda asistencial muy por encima de la media estatal".

Además, señalan que, a su entender, "una prioridad inaplazable" y que constituye "otro de los pilares de la propuesta" es la financiación de nuevas residencias y centros de atención sociosanitaria.

Puesto que "Canarias lleva años presentando un déficit estructural de plazas públicas para personas mayores y dependientes, lo que repercute directamente en la saturación hospitalaria", sostienen.

En su opinión, todo ello supondría un "reconocimiento a la singularidad canaria", que -subrayan- "no supone un privilegio, sino un mecanismo de equidad real dentro del Estado".