La Justicia admite la acción popular en la causa que investiga a Héctor Suárez por el abasto a núcleos ilegales en Telde

La Asociación de Amigos del Medio Ambiente (AMA) ha sido admitida como acción popular en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde por las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para abastecer de agua a asentamientos ilegales, un procedimiento en el que figura como principal investigado el entonces concejal Héctor Suárez.

AMA se ha personado oficialmente como acción popular en el procedimiento penal que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde por el abastecimiento de agua a asentamientos ilegales del municipio en 2022, cuando Héctor Suárez era concejal del área y hoy ostenta la condición de edil no adscrito. La personación ha sido admitida por el juzgado, quedando pendiente únicamente que se determine si el colectivo debe o no prestar fianza, tal y como ha solicitado la defensa de uno de los investigados.

En el procediiento judicial penal se ha personado asimismo un perjudicado por haber sufrido un daño directo (personal, material o moral) derivado del presunto delito. 

El letrado Juan Sánchez Limiñana ha confirmado a TELDEACTUALIDAD la personación del colectivo medioambientalista, fundado en su día por el sacerdote Fernando Báez Santana —actualmente desvinculado por completo del mismo— y dirigida en la actualidad por el comunicador teldense Carmelo Martín, de RAV S21. Esta incorporación al procedimiento es uno de los motivos del aplazamiento de las declaraciones judiciales previstas para esta semana, suspensión que ya había sido adelantada por este diario digital.

Declaraciones aplazadas y nuevas diligencias
Las comparecencias fijadas inicialmente para los días 2, 3 y 4 de febrero fueron suspendidas oficialmente tras un escrito del propio juzgado a las partes personadas. Según fuentes municipales consultadas por TELDEACTUALIDAD, la suspensión obedece tanto a la petición de ampliación de información formulada por la Fiscalía como a la necesidad de resolver previamente la admisión de fianza  a la acción popular.

En este contexto, la Fiscalía ha solicitado que se identifique expresamente al técnico municipal que avaló con su firma el proyecto de emergencia para dotar de agua a los asentamientos, una actuación que se sitúa en el centro de la investigación judicial. El juzgado ha indicado que en los próximos días se señalarán nuevas fechas para las declaraciones.

Las obras bajo investigación
La causa se centra en las obras de emergencia declaradas el 1 de julio de 2022 para el abasto de agua a asentamientos ilegales, una decisión adoptada por Héctor Suárez cuando era concejal de Aguas y Urbanismo. Dicha declaración permitió la adjudicación directa de los trabajos a la empresa Construplan por 690.000 euros, eludiendo el procedimiento ordinario de licitación.

Posteriormente, y según la documentación incorporada a la causa, el coste final superó los 1,3 millones de euros, sin que conste la aprobación formal de esos incrementos por la Junta de Gobierno Local. Además, las obras se ejecutaron en suelo rústico y protegido, atravesando terrenos privados y fincas del Cabildo de Gran Canaria, sin autorización expresa, siempre según el expediente judicial.

El informe del Seprona
El procedimiento tiene su origen en una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que cuestionó la legalidad de la actuación. El informe atribuye a Héctor Suárez la presunta comisión de cuatro delitos: contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y prevaricación urbanística.

Estas conclusiones dieron lugar a la apertura de las diligencias previas 0002614/2024, que continúan en fase de instrucción. En la causa figuran como investigados el propio Suárez, una funcionaria municipal y dos trabajadores de una empresa vinculada a la ejecución del proyecto.

Un procedimiento aún abierto
El Ayuntamiento de Telde ha confirmado que ha remitido al juzgado toda la documentación requerida y ha reiterado su disposición a colaborar con la investigación. La entrada de la acción popular añade ahora un nuevo actor procesal en una causa de alto interés público, cuyo desarrollo en las próximas semanas será clave para determinar el futuro judicial de los investigados.