A cuenta de unas manifestaciones del Sr. Ángel Luis Sabroso Ramírez viceconsejero de deportes del gobierno de Canarias en redes sociales sobre los derechos de formación en la Lucha Canaria y en el deporte en general en Canarias.
A buenas horas, mangas verdes.
Resulta ofensivo pretender ahora dar lecciones cuando durante más de cinco años y hasta estos días se ha gobernado la Lucha Canaria desde la arbitrariedad, el desprecio a la legalidad y la quiebra consciente de la moral deportiva que históricamente ha definido este deporte. No se trató de errores puntuales ni de desajustes coyunturales: fue una forma de actuar sostenida en el tiempo y dirigida desde la propia Dirección General de Deportes.
Esa forma de actuar se materializó inicialmente con la imposición de una Gestora carente de legitimidad democrática, sostenida desde el ámbito político y utilizado como instrumento dócil para ejecutar decisiones que nunca pasaron por los órganos soberanos del deporte. Una Gestora que permaneció más de dos años en funciones, incumpliendo de manera flagrante el Reglamento y los Estatutos, que establecen con absoluta claridad que estas figuras solo pueden existir durante el tiempo estrictamente imprescindible para convocar elecciones.
Nada de eso se hizo.
Se optó deliberadamente por prolongar una situación irregular, vaciar de contenido la democracia interna y gobernar la Lucha Canaria desde la excepción permanente, con la complacencia de quienes aceptaron servir a intereses ajenos al deporte.
El episodio más grave —por su dimensión institucional— fue la eliminación forzada de una Junta de Gobierno legítimamente constituida, una actuación que el Tribunal de Justicia de Canarias ha declarado contraria a derecho mediante una sentencia firme, clara y sin ambigüedades. Los hechos quedaron acreditados; las responsabilidades, señaladas.
Quienes dimitieron para ocupar cargos que no les correspondían, sustituyendo a quienes hoy han sido restituidos por mandato judicial, no actuaron bajo engaño ni por desconocimiento. Lo hicieron con plena conciencia, convirtiéndose en piezas necesarias de una operación jurídicamente insostenible y éticamente reprobable.
Pero el análisis honesto obliga a ir más allá: la responsabilidad principal no se limita a quienes ejecutaron esas decisiones, sino que alcanza al poder político que las promovió, las avaló y las sostuvo en el tiempo, así como a quienes, desde los despachos, optaron por normalizar una situación abiertamente irregular.
Lo más grave es que esta dinámica no se corrigió, sino que se intensificó. Desde el ámbito político se aprovechó el vacío institucional generado por la ausencia de la Asamblea General de la Lucha Canaria —órgano máximo y soberano— para alterar acuerdos válidamente aprobados en la última Asamblea celebrada en 2019, la última que pudo ejercer sus funciones.
Lejos de restituir la normalidad democrática, se utilizó esa anomalía como coartada para modificar unilateralmente decisiones ya adoptadas, consensuadas y aplicadas durante años, vulnerando el principio básico de respeto a la voluntad asamblearia.
Un ejemplo paradigmático fue el de los premios de las finales de la Liga Gobierno de Canarias: acuerdos que no solo habían sido aprobados, sino ejecutados y respetados durante más de siete años, fueron alterados sin consulta, sin Asamblea y sin legitimidad alguna.
Y no fue un hecho aislado.
Sin debate, sin control y sin participación de los asamblearios, se desmantelaron logros estructurales que habían fortalecido la Lucha Canaria, entre ellos:
• Los símbolos aprobados en Asamblea —trofeo y anillo— como expresión de identidad, unidad y pertenencia.
• Sobre todo el Día de Canarias, centro de toda manifestación de canariedad fue trasladado a horas impropias y con un formato que nunca fue aprobado en Asamblea, adoptado únicamente por decisiones caprichosas y unilaterales del político de turno.
• El desarrollo efectivo de la lucha femenina, relegado y vaciado de contenido el proyecto de la MEL aprobado en Asamblea a nuestra llegada.
• Los avances novedosos en equidad competitiva mediante el Comité de Clarificación.
• La profesionalización de la salud y control médico de los luchadores y luchadoras, con revisiones periódicas en centros médicos concertados por la Federación de Lucha Canaria.
• El fortalecimiento del estamento arbitral y de la autoridad federativa, aprobado en la última Asamblea mediante la creación del Colegio de Árbitros, que quedó en el limbo.
• La proyección internacional de la lucha canaria, el Archivo Histórico de la Lucha Canaria en la Casa de Postas en Ingenio, hoy semiabandonado por los políticos regionales, y la profesionalización económica y administrativa de la Federación.
Todos estos logros, alcanzados a nuestra llegada en 2016, han sido abandonados y desvirtuados con el tiempo, perdiéndose avances históricos que costaron años de trabajo y dedicación.
Nada de esto fue sustituido por un modelo mejor.
Simplemente fue eliminado o vaciado de contenido, al margen de la Asamblea y en contra de la voluntad expresada democráticamente.
Espero que los nuevos dirigentes de nuestro deporte sepan encaminar y respetar los logros aprobados en las Asambleas anteriores, garantizando que solo la Asamblea pueda modificar lo que ya fue decidido en una anterior, preservando así la legalidad, la democracia interna y la soberanía de la Lucha Canaria.
No me cansaré de manifestar lo triste que me siento después de más de cuarenta años luchando por conseguir nuestra libertad y soberanía, para que en estos últimos años los logros alcanzados durante tanto tiempo queden en manos del político de turno, al capricho de intereses que nada tienen que ver con la Lucha Canaria ni con los valores que siempre la han sostenido.
No fue un cambio técnico.
No fue una decisión neutral.
Fue un desprecio consciente a la soberanía del deporte, una estrategia de control basada en gobernar sin contrapesos, sin transparencia y sin respeto a las reglas que rigen la Lucha Canaria.
Las consecuencias son evidentes y medibles: instituciones debilitadas, credibilidad erosionada y un deporte autóctono instrumentalizado políticamente.
La historia está documentada.
Las sentencias existen.
Los acuerdos asamblearios constan en actas.
Lo demás no es debate: es ruido.
Y llega, como siempre, demasiado tarde.
La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados.” – Groucho Marx.
José Trujillo Artiles, pollo de la Barranquera IV, exluchador.


























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