Nuevos requerimientos aplazan las comparecencias judiciales por el abasto a núcleos ilegales en Telde

Las comparecencias judiciales previstas para los días 2, 3 y 4 de febrero en el Juzgado de Instrucción número 2 de Telde  por el rocedimiento abierto en torno a las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para el abastecimiento de agua a asentamientos ilegales en Telde han sido aplazadas oficialmente, según consta en un escrito remitido por el propio órgano judicial a las partes personadas en la causa.

La suspensiónse produce, según fuentes municipales consultadas por TELDEACTUALIDAD , porque la Fiscalía ha solicitado ampliar información relevante del expediente, así como porque el juzgado debe resolver previamente la petición de personación de una plataforma de defensa de medio ambiente como acusación particular.

De acuerdo con dichas fuentes, la Fiscalía ha requerido que se identifique de forma expresa al técnico municipal  que avaló con su firma el proyecto de emergencia para dotar de abasto público de agua a asentamientos ilegales, actuación que se encuentra en el centro de la investigación judicial.

El juzgado ha comunicado que, debido a la cercanía de las fechas inicialmente fijadas, las declaraciones han tenido que suspenderse y que en los próximos días se notificará una nueva fecha para las comparecencias.

Obras de emergencia bajo investigación
El procedimiento judicial se centra en las obras de emergencia ejecutadas en 2022 para el abastecimiento de agua a asentamientos ilegales en Telde, declaradas el 1 de julio de ese año por Héctor Suárez, entonces concejal de Aguas y Urbanismo y actualmente edil no adscrito.

La declaración de emergencia permitió adjudicar directamente los trabajos a la empresa Construplan por un importe inicial de 690.000 euros, eludiendo el procedimiento ordinario de licitación pública. Posteriormente, según la documentación incorporada a la causa, el coste de la actuación se elevó hasta superar los 1,3 millones de euros, sin que conste la aprobación formal de esos incrementos por la Junta de Gobierno Local.

Las obras se ejecutaron, además, en suelo rústico y protegido, atravesando terrenos privados y fincas titularidad del Cabildo de Gran Canaria sin autorización expresa, según recoge el expediente remitido al juzgado.

Requerimientos judiciales
Tal y como informó TELDEACTUALIDAD, el juzgado requirió al Ayuntamiento de Telde que certificara la participación de concejales y funcionarios en la contratación de los servicios de suministro de agua vinculados al proyecto, así como aclaraciones sobre el procedimiento legal aplicable, la justificación de la emergencia, la competencia municipal en la adquisición de redes de agua y la compatibilidad urbanística de la actuación.

La investigación del Seprona
El origen de la causa se encuentra en una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, que puso en duda la legalidad de la actuación. El informe atribuye al exalcalde cuatro presuntos delitos: contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y prevaricación urbanística.

Estas conclusiones dieron lugar a la apertura de las diligencias previas 0002614/2024, que continúan en fase de instrucción.

Un proceso aún abierto
En la causa figuran como investigados Héctor Suárez, una funcionaria municipal y dos trabajadores de una empresa vinculada a la ejecución del proyecto. El Ayuntamiento de Telde ha confirmado que ha remitido al juzgado toda la documentación requerida y ha manifestado su disposición a colaborar con la instrucción.

La suspensión de las comparecencias retrasa un momento clave del procedimiento, cuyo avance y resoluciones en las próximas semanas serán determinantes para el futuro judicial de los investigados.