Cuando la política da la espalda a los más necesitados

Hay decisiones políticas que se pueden debatir y otras que se deben denunciar con toda claridad. Porque no son simples diferencias ideológicas: son elecciones que tienen consecuencias directas en la vida de miles de personas, que ven cómo sus derechos básicos se desvanecen mientras los discursos políticos siguen llenando portadas.

En los últimos meses, determinadas posiciones políticas han demostrado, una vez más, que para algunos partidos la protección social es prescindible, y que la vulnerabilidad no ocupa un lugar prioritario en su agenda. Lo que está en juego no es una cifra ni un porcentaje de crecimiento: son personas reales, con nombres y apellidos, que duermen con frío, que saltan comidas para que sus hijos puedan comer, que ven cómo la casa donde han vivido toda su vida puede ser arrebatada.

Las formaciones PP, Vox, UPN y Junts han sido corresponsables de bloquear medidas esenciales para garantizar la dignidad de quienes peor lo están pasando. No es una afirmación retórica: es un hecho que duele, que se traduce en frío en invierno, hambre en la mesa, miedo al futuro.

Congelar las pensiones en un contexto de inflación y encarecimiento de la vida equivale a empujar deliberadamente a millones de personas mayores hacia la pobreza, a quienes ya viven con ingresos ajustados y sueños menguantes. No actualizar las pensiones no es neutral: es obligar a elegir entre comer, calentarse o comprar medicamentos, decisiones que deberían ser impensables en un país que se considere justo.

Permitir el corte de la luz y la calefacción a miles de familias en pleno invierno es una muestra de insensibilidad social difícil de justificar. La energía no es un lujo; es un derecho básico. Sin ella, no hay noches cálidas para los niños, no hay seguridad para los mayores, no hay dignidad para nadie. Negar el acceso al bono social eléctrico agrava aún más esta situación, dejando a muchas personas en absoluta indefensión frente a la pobreza energética, un mal invisible que quema la esperanza lentamente.

Pero quizá la consecuencia más cruel de estas decisiones sea abrir la puerta a que 60.000 personas vulnerables puedan ser desahuciadas. Familias con menores, personas mayores, hogares sin alternativa habitacional ven cómo la política mira hacia otro lado mientras se les arrebata el techo bajo el que han vivido, mientras se les niega el refugio donde crecieron, donde construyeron su historia y sus recuerdos. Defender la propiedad sin garantizar el derecho a la vivienda no es equilibrio: es injusticia.

Estas decisiones no son inevitables ni técnicas. Son políticas, y, por tanto, tienen responsables. Se trata de elegir entre proteger a quienes más lo necesitan o priorizar una visión ideológica que minimiza el papel del Estado en la defensa del bienestar común.

Un país se mide por cómo trata a su gente más vulnerable. Congelar pensiones, cortar suministros básicos y permitir desahucios no es fortaleza económica ni rigor presupuestario: es fracaso moral. La política debería servir para reducir desigualdades, para proteger la esperanza, para dar dignidad, no para profundizar heridas. Y cuando no lo hace, señalarlo no es partidismo, es un acto de humanidad.

Diego F. Ojeda Ramos, exconcejal de Telde y actual asesor del Cabildo de Gran Canaria.