El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur no es un error técnico ni un mal cálculo. Es una decisión política consciente que condena al sector primario canario. Europa sabe lo que hace y aun así lo hace. Abre su mercado a productos agrícolas y ganaderos producidos en condiciones que aquí estarían prohibidas, y obliga a nuestras personas productoras a competir contra lo imposible.
Eso tiene un nombre: competencia desleal legalizada.
Hay quien intenta minimizar el impacto de este acuerdo en Canarias, afirmando que apenas nos afectará porque determinadas frutas tropicales tienen limitada o prohibida su entrada en el Archipiélago. Ese argumento es, como poco, tramposo. El problema no es solo lo que entra en Canarias, sino lo que sale de ella. Nuestras producciones no viven encerradas en las islas: dependen de los mercados exteriores, especialmente del europeo. Con Mercosur, las exportaciones canarias —plátano, tomate, papaya y otras producciones— se verán seriamente perjudicadas por la caída de precios y la saturación de los mercados. Aunque esos productos no compitan directamente aquí, sí lo harán en destino, desplazando a las producciones canarias y reduciendo su rentabilidad. Pensar lo contrario es desconocer cómo funciona el mercado o mirar hacia otro lado.
El campo canario ya trabaja al límite. Costes más altos, menos suelo, más exigencias ambientales, más controles y más burocracia. Aun así, se nos exige calidad, sostenibilidad y trazabilidad. Mientras tanto, se permite la entrada de productos de Mercosur que no cumplen esas mismas normas. Más baratos, menos controlados y con menor protección social y ambiental. El resultado es evidente: precios por los suelos y explotaciones cerrando.
Canarias es Región Ultraperiférica por algo. No por romanticismo. Lo es porque producir aquí cuesta más. Lo reconoce el propio artículo 349 del Tratado de la Unión Europea. Pero cuando llegan los grandes acuerdos comerciales, ese reconocimiento desaparece. Canarias no cuenta. El campo canario no cuenta.
Los sectores más golpeados serán los de siempre: la ganadería, el tomate, el plátano, las producciones hortofrutícolas. Familias enteras que viven de la tierra y del ganado verán cómo su trabajo deja de ser viable. No por falta de esfuerzo, sino porque Europa ha decidido que no merece la pena protegerlos.
La hipocresía es mayúscula. Bruselas habla del Pacto Verde, de transición ecológica y de soberanía alimentaria, mientras firma acuerdos que empujan al abandono del campo europeo. Se nos exige producir con más normas y más costes, pero se importa sin esas normas. Eso no es sostenibilidad: es cinismo político.
En Gran Canaria se están haciendo esfuerzos reales por recuperar suelo agrícola, crear empleo y atraer a gente joven al sector primario. Proyectos de cooperativas agrícolas, con más de 100 hectáreas recuperadas para el cultivo y una apuesta clara por el relevo generacional, quedan tocados de muerte. ¿Quién va a incorporarse al campo si no puede competir ni dentro ni fuera?
Mercosur no solo daña al sector primario. Daña al territorio, al empleo, al paisaje y a la soberanía alimentaria. Hace a Canarias más dependiente, más frágil y más vulnerable. Y todo para beneficiar a grandes intereses comerciales que nada tienen que ver con nuestra realidad.
Europa tenía que elegir entre proteger a sus territorios más débiles o sacrificarlos. Ha elegido lo segundo. Y Canarias vuelve a pagar la factura.
Por eso hay que decirlo alto y claro: este acuerdo no nos representa y no lo aceptamos. Defender el campo canario no es un capricho ni una postura ideológica. Es una cuestión de supervivencia.
Diego F. Ojeda Ramos, exconcejal de Telde y actual asesor del Cabildo de Gran Canaria.






























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