CC y PP quieren secuestrar a la radiotelevisión pública canaria

A través de una nueva legislación -el proyecto de Ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias-, el Gobierno de CC y PP pretende secuestrar la radiotelevisión pública y convertirla en un puro y duro instrumento de propaganda al servicio de sus exclusivos intereses políticos. Concentrando todo el poder en el titular de la Dirección General. Eliminando los contrapesos profesionales y parlamentarios. Restringiendo la pluralidad. Favoreciendo la privatización. E incumpliendo con la normativa europea y la Constitución, como ha señalado el rotundo dictamen del Consejo Consultivo sobre este proyecto de ley. Por esas razones, el grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) presentó una enmienda a la totalidad, solicitando su devolución al Gobierno.

En el texto de nuestra enmienda a la totalidad se recuerda que la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta competencias para decidir sobre la asunción del servicio público de comunicación audiovisual autonómico; determinar su regulación, así como su forma de prestación (directa o indirecta); y, en caso de gestión directa, determinar atribución y el régimen organizativo de su prestación.

Cualquier cambio normativo de la legislación canaria en materia audiovisual debe someterse a la normativa básica estatal (Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022, en particular su Título III relativo a “la prestación del servicio público de comunicación audiovisual”) y a las directrices de la Unión Europea, especialmente el Protocolo 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros y el Reglamento (UE) 2024/1083, de 11 de abril (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación).

En NC-bc compartimos la necesidad de adaptar la normativa canaria a la legislación vigente, siempre salvaguardando el bien superior de la comunicación audiovisual, que no es otro que respetar el valor constitucional del pluralismo político y el derecho de la ciudadanía a recibir información objetiva, veraz e imparcial, basada en la independencia profesional, evitando cualquier atisbo de injerencia política del ejecutivo de turno.

Consejo Consultivo

Desde Nueva Canarias criticamos que la elección de los distintos órganos de la radiotelevisión canaria -ya sea la Junta de Control o la Dirección General- ya no se haga por mayoría cualificada de tres quintos de la Cámara -como estaba establecido hasta ahora, lo que obligaba a la búsqueda del consenso entre los grupos- sino que si esta no se alcanza pueden ser elegidos por mayoría absoluta, lo que facilita su designación solo con los votos de los grupos que apoyan al Gobierno. Cuestionamos, igualmente, que desaparecen los Consejos Informativos, reclamados por los profesionales de la RTVC, y que posibilitan la revisión de contenidos y velar por la independencia editorial y profesional.

No compartimos, igualmente, el enorme poder que se otorga al director general, con plenos poderes de gestión, de contratación -elevada hasta un máximo de 1,5 millones de euros, por encima de lo permitido a otros responsables de radiotelevisiones autonómicas y muy cerca de los 2 millones que tiene el máximo responsable de RTVE que tiene un presupuesto global que multiplica por veinte el de RTVC- y de establecimiento de la línea editorial. Un poder unipersonal sin contra pesos, eliminando los Consejos Informativos y, de facto, la Junta de Control, cuya constitución puede retrasarse sine die, y minimizando el control parlamentario.

En su informe, el Consejo Consultivo de Canarias considera que varios de los artículos del proyecto vulneran claramente la Constitución y la normativa comunitaria. Cuestionando, por ejemplo, el tratamiento que recibe la referida Junta de Control. Indicando que la redacción del art 10 entraña “riesgos significativos para la coherencia normativa y la estabilidad institucional”. Añadiendo que sus artículos 13 y 14, que vinculan el mandato de los miembros de la Junta de Control, así como el de la Dirección General, a la legislatura parlamentaria “es incompatible con el art. 5 del Reglamento (UE) 2024/1083, que exige que los Estados miembros garanticen la independencia funcional de los órganos de gobierno de los medios públicos mediante mandatos estables y desvinculados del ciclo político”.

Concluyendo que esto supone una infracción del principio de primacía del Derecho de la Unión y una vulneración indirecta de derechos fundamentales recogidos en la Carta Europea y que, en consecuencia, “debe, por tanto, establecerse un mandato cierto durante un periodo temporal que no esté anudado automáticamente al mandato parlamentario”.

El Consultivo también cuestiona el artículo 20, que no pone plazos a la constitución de la Junta de Control y que prevé que sine die, si esta no se constituye, sea la Dirección General quien asuma las competencias del órgano colegiado de control. Por tanto, a juicio del Consultivo, “no garantiza la transición hacia la normalidad institucional, sino que institucionaliza la excepcionalidad, comprometiendo la coherencia interna de la Ley y su adecuación a los principios constitucionales y europeos”.

Con relación a este órgano colegiado, desde NC-bc proponemos que la Junta pase de siete a 11 o 13 integrantes, sin coste añadido alguno (no se cobra por esta función), con un representante de cada grupo parlamentario y el resto de manera proporcional.

Pluralismo e independencia informativa

Nueva Canarias siempre ha defendido a la radiotelevisión canaria. Considerando que debe estar al servicio de la ciudadanía, del pluralismo político y de la cohesión territorial de las Islas. En ningún caso puede convertirse, como se pretende instaurar con esta nueva ley, un instrumento al servicio del Gobierno y de su presidente, no de la ciudadanía de Canarias. 

En la enmienda se señalan algunos de nuestros planteamientos respecto a la radiotelevisión pública canaria. Apostando por un modelo de prestación directa, considerando de especial relevancia el carácter público de los servicios informativos. Y plenamente convencidos de que debe contribuir a la preservación, promoción y difusión de la identidad canaria, entendida como una realidad plural, diversa, abierta y en constante evolución; resultado de su historia, su condición atlántica, archipelágica y tricontinental, y de la convivencia de distintas culturas y realidades sociales. Fomentando la producción audiovisual canaria, el talento creativo local y la industria cultural, como instrumento de desarrollo cultural, social y económico; fortaleciendo el tejido profesional y garantizando la proyección de la realidad canaria tanto en el ámbito canario (interno) como en el exterior.

Igualmente, expresamos nuestra nítida defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la RTVC, al advertir que la redacción de la disposición adicional séptima abre la puerta a la subrogación obligatoria del personal y a procesos de externalización que ponen en riesgo la estabilidad laboral y la gestión pública directa del servicio. Estamos convencidos, como destacó la presidenta de nuestro grupo, Carmen Hernández, de que un medio público fuerte precisa profesionales con “derechos, seguridad y autonomía. Precarizar o externalizar a su plantilla es debilitar la calidad informativa y la independencia del servicio”.

Por todas esas razones, defendimos la devolución del proyecto de ley al Ejecutivo de las dos derechas y la elaboración de una nueva norma basada en el consenso parlamentario, el respeto constitucional y al derecho europeo.

Clavijo ya se atrevió a decir públicamente que la radiotelevisión canaria “es del Gobierno”, lo que es una clara declaración de intenciones. Por el contrario, desde NC-bc queremos que sea de la sociedad canaria, de su ciudadanía, de su pluralidad y diversidad, prestando un servicio público en un momento en el que, más que nunca, se hacen imprescindibles unos medios informativos públicos que ofrezcan información objetiva, veraz e imparcial de la realidad local y global. Con elementos reales de control parlamentario y la activa participación de sus profesionales a través de los Consejos Informativos.

Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC).